La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tiene plenas facultades para atender reclamaciones relacionadas con servicios educativos privados. El fallo reconoce el pago de colegiaturas como una relación de consumo sujeta a la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Desde 1992, diversas resoluciones judiciales y administrativas respaldan estas atribuciones. En ese año se establecieron obligaciones para transparentar costos, trámites y condiciones en los planteles privados, reconociendo a la Procuraduría como la instancia interlocutora válida.
La SCJN aseguró que las y los usuarios de servicios educativos nunca han estado desprotegidos, ya que la Profeco ha intervenido en procesos de conciliación con escuelas particulares en casos como cobros o requisitos extra no estipulados en los contratos, tales como cursos extraordinarios condicionados para la titulación.
La relevancia principal de este fallo radica en que es la primera ocasión en que la SCJN se pronuncia expresamente sobre el tema y elimina cualquier argumento legal que las escuelas privadas pudieran usar para evitar la competencia de la dependencia federal en estos conflictos.
La Suprema Corte comunicó que el caso que originó la resolución llevó una década en litigio. Surgió después de que una escuela privada impugnara una multa impuesta por la Profeco al no presentarse a una audiencia de conciliación. El máximo tribunal determinó que cobrar una contraprestación por educación genera una relación de consumo, respaldando así la actuación de la procuraduría.
El año pasado la Profeco firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Educación Pública (SEP) que permite compartir información con la autoridad educativa si se detectan incumplimientos administrativos o regulatorios en los centros escolares privados, fortaleciendo las labores de verificación.
Ante ello, la Profeco tiene la facultad de verificar que las escuelas particulares informen claramente sobre sus costos, tarifas, términos y condiciones, así como sus políticas de cancelación. Asimismo, vigila que no se condicione la prestación del servicio educativo.
Asimismo, la institución sugiere comparar opciones, aclarar todas las dudas sobre la oferta y confirmar que el plantel cumpla con la ley antes de firmar un contrato.
Finalmente, la Profeco mencionó que en caso de detectar incumplimientos comerciales, la ciudadanía puede reportarlos a los teléfonos 55 5568 8722 y 800 468 8722, a las cuentas de X @Profeco y @AtencionProfeco, o a los correos electrónicos denunciapublicitaria@profeco.gob.mx, asesoria@profeco.gob.mx denunciasprofeco@profeco.gob.mx.
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