Jorge Álvarez Máynez presentó dos derechos de petición ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) para solicitar que el Gobierno de México supervise las condiciones en que opera el programa de voluntariado de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y garantice la protección de los derechos de quienes participen en él. La petición parte de un contraste evidente: mientras la FIFA obtuvo ingresos multimillonarios por concepto de venta de boletos y hospitalidad en el último Mundial, para la edición de 2026 prevé incorporar a más de 65 mil personas voluntarias para desempeñar tareas indispensables en la operación del torneo. A ello se suma que el boleto más económico para asistir al partido inaugural ronda actualmente los 100 mil pesos, una cifra que evidencia la enorme dimensión comercial del evento.
Pese a ello, las personas voluntarias no recibirán salario ni prestaciones laborales, aun cuando realizarán actividades como orientación al público, logística, acreditaciones, atención a visitantes, apoyo administrativo, transporte y operación en estadios, aeropuertos, hoteles y zonas de aficionados. “México tiene la oportunidad histórica de demostrar que la organización de los grandes eventos internacionales puede ser plenamente compatible con la defensa irrestricta de los derechos humanos y laborales, pues la participación ciudadana y el voluntariado son valores que deben promoverse y reconocerse”, señaló Máynez. El dirigente emecista aclaró que la propuesta no busca eliminar el voluntariado ni impedir la participación de quienes desean formar parte de la organización del Mundial, sino garantizar que esta figura no sea utilizada para sustituir empleos formales o encubrir relaciones laborales.
En el escrito dirigido a la STPS se solicita que la dependencia realice visitas de verificación y observación para conocer las condiciones en que operará el programa de voluntariado y que, en caso de advertir posibles violaciones a la legislación laboral o la existencia de relaciones de trabajo, ejerza las facultades que le otorga la ley. De manera complementaria, el derecho de petición presentado ante la PROFEDET solicita que la institución implemente acciones preventivas de orientación y asesoría jurídica para las y los voluntarios, elabore materiales informativos sobre derechos laborales, habilite mecanismos de atención especializada y desarrolle campañas dirigidas principalmente a jóvenes y estudiantes interesados en participar en el Mundial.
Máynez sostuvo que la protección de los derechos laborales debe comenzar antes de que aparezcan los conflictos y que México tiene la oportunidad de demostrar al mundo que la organización de un evento de esta magnitud puede ir de la mano con el respeto irrestricto a los derechos humanos. “La Copa Mundial de la FIFA 2026 representa una actividad de enorme rentabilidad económica y explotación comercial, por lo que es imperativo evitar que la narrativa del voluntariado sea utilizada para sustituir empleos formales o transferir costos operativos a personas jóvenes o económicamente vulnerables bajo esquemas de gratuidad”, se afirma en la petición. “El Estado mexicano, a través de sus instituciones laborales, tiene la obligación constitucional y convencional de prevenir escenarios de precarización, simulación contractual y debilitamiento de derechos laborales, particularmente en contextos de alta exposición pública e internacional”.