En 2011, el expresidente del Perú, Alan García, sugirió la integración de cuatro de las economías más grandes de América Latina después de la salida de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones, en lo que ahora se conoce como la Alianza del Pacífico. La intención de esta iniciativa era vincular comercialmente a los países del Pacífico mediante acuerdos bilaterales. Sin embargo, desde el punto de vista político, este grupo de países también servía de contrapeso a los movimientos de izquierda del continente y al socialismo del siglo XXI, liderado por la Venezuela de Hugo Chávez. Desde su elección en 1998, la región vivió la llamada “marea rosa”, una ola de gobiernos de izquierda que ofrecían alternativas al modelo sugerido por el Consenso de Washington.
Los primeros años del siglo XXI en América Latina se caracterizaron por una alta volatilidad política. Sin embargo, esta no siempre se tradujo en volatilidad económica. En algunos casos, el cambio político generó cambios en el modelo económico, como ocurrió en Venezuela o Bolivia. En otros, los proyectos económicos permanecieron estables, como en Chile, donde el poder ha alternado entre la derecha y la izquierda durante los últimos veinte años.
Durante la marea rosa, varias economías de la región escogieron líderes de izquierda. Por su parte, los países de la Alianza del Pacífico, en su año de fundación, tenían gobiernos de derecha. Estas cuatro economías representaron el principal bastión político de la derecha y la centroderecha en la región. Curiosamente, durante la nueva ola conservadora que comenzó a tomar fuerza desde 2020, estos cuatro países habían escogido presidentes de izquierda y centroizquierda. México eligió a Andrés Manuel López Obrador en 2018; Perú, a Pedro Castillo en 2021; Colombia, a Gustavo Petro en 2022; y Chile, a Gabriel Boric en 2022.
No obstante, una nueva ola conservadora alcanzó a los países de la Alianza del Pacífico, con excepción de México. En noviembre de 2025, Chile celebró sus elecciones presidenciales; en junio de 2026, Colombia y Perú hicieron lo propio. Por su parte, México aún está a cuatro años de su próxima elección presidencial. Ante este escenario, ¿qué retos plantea esta nueva ola para la democracia y la economía mexicanas?
Chile
Chile fue uno de los primeros países entre las principales economías de América Latina en elegir un gobierno de izquierda con Ricardo Lagos en el año 2000. A Lagos le siguió una etapa de estabilidad marcada por la alternancia entre los gobiernos de izquierda de Michelle Bachelet y los de derecha de Sebastián Piñera, quienes ocuparon la presidencia en dos periodos cada uno. Después del estallido social durante el segundo mandato de Piñera, el candidato de izquierda Gabriel Boric fue electo para el periodo 2022-2026, mientras que en 2025 fue elegido el candidato de derecha José Antonio Kast.
Como puede observarse, Chile ha sido un ejemplo de transiciones democráticas en las que gobiernos de izquierda y de derecha han aceptado los resultados electorales y han realizado la transferencia del poder sin sobresaltos. Más aún, como consecuencia del estallido social de 2019, se convocó a una asamblea constituyente cuyo proyecto fue sometido a un plebiscito de salida. Este tuvo lugar durante el mandato de Boric y la opción de rechazo obtuvo la mayoría de los votos. Los resultados fueron aceptados por todos los actores políticos.
Perú
El caso de Perú es opuesto al de Chile. Los últimos diez años han estado marcados por una fuerte inestabilidad política que ha llevado al país a tener ocho presidentes, incluido Manuel Merino, quien ejerció el cargo durante apenas cinco días. Esta inestabilidad política, sin embargo, no se ha traducido en inestabilidad económica, aunque posiblemente sí en un menor crecimiento potencial. Más aún, ninguno de los gobernantes impulsó un proyecto político que modificara de manera sustancial el modelo económico. Ello ha contribuido a una relativa estabilidad económica, apoyada en la fortaleza del Congreso y del Banco Central. Por ejemplo, la inflación ha estado bajo control y el PIB ha crecido durante estos diez años, con excepción de 2020, debido a la pandemia, y de 2023, cuando la economía se contrajo 0.4 %.
A pesar de la inestabilidad política, la democracia y los procesos electorales han seguido funcionando con regularidad. En 2021, el candidato de izquierda Pedro Castillo fue electo presidente, mientras que en 2026 la candidata de derecha, Keiko Fujimori, lidera el conteo de votos. En esta última elección, celebrada el 7 de junio, ambos candidatos declararon que reconocerían los resultados. Sin embargo, al momento de escribir esta columna surgieron dudas por el voto en el exterior, que favoreció a Fujimori. Además, el conteo final aún no concluía y la diferencia entre ambos candidatos era de aproximadamente 40 mil votos, con el 99.8 % de las actas contabilizadas.
Colombia
Contrario a Perú, el presidente de Colombia decidió inicialmente no reconocer los resultados electorales. En la segunda vuelta, celebrada el domingo 21 de junio, y ante el estrecho margen de victoria —aproximadamente 250 mil votos y menos de un punto porcentual de diferencia—, el presidente Gustavo Petro declaró que no reconocía los resultados del conteo inicial y que esperaría al escrutinio final. Este fue dado a conocer el martes 23 y finalmente fue aceptado por Petro, aunque acompañado de denuncias sobre una supuesta injerencia de actores externos.
Por su parte, el candidato oficialista, Iván Cepeda, señaló en su discurso que respetaba los resultados del conteo inicial, pero que no los consideraba definitivos. Asimismo, anunció que presentaría ante las autoridades judiciales las posibles irregularidades ocurridas en algunas mesas de votación. Al igual que Petro, aceptó los resultados finales y reconoció el triunfo del candidato opositor. A diferencia del caso peruano, el conteo inicial alcanzó el 95% apenas hora y media después del cierre de las urnas. En términos electorales, esta cifra representa una gran fortaleza del sistema democrático colombiano. Más aún, la diferencia entre el conteo preliminar y el escrutinio final no superó el 0.01 % en los resultados de la segunda vuelta.
A diferencia de Perú o Chile, el gobierno de Gustavo Petro sí buscó impulsar cambios en el modelo económico, aunque el sistema de pesos y contrapesos colombiano impidió una transformación completa. Aun así, se aprobaron reformas que ampliaron el papel del Estado en distintos sectores, como el sistema de pensiones, en detrimento de las administradoras privadas. Asimismo, Petro impulsó una estrategia para reducir la dependencia del petróleo y avanzar hacia un modelo basado en energías renovables.
México
El caso de Colombia es el que más se asemeja al de México. El proyecto de la Cuarta Transformación ha buscado ampliar el papel del Estado bajo un modelo que prioriza el bienestar social. Sin embargo, a diferencia de Colombia, el proyecto logró consolidarse con la elección de Claudia Sheinbaum. A pesar de ello, aún existen retos importantes para la economía y la política mexicanas.
Primero, la concentración del poder en el Ejecutivo, el Legislativo y ahora también en el Poder Judicial puede afectar el sistema de pesos y contrapesos. En este sentido, el peor escenario sería una pérdida de confianza en las instituciones, particularmente en las electorales. Este constituye el segundo gran reto para México. A cuatro años de la próxima elección presidencial, ¿está el gobierno preparado para aceptar un resultado adverso? La nueva ola conservadora y las elecciones en Estados Unidos, Argentina, Chile y Colombia han mostrado que candidatos con plataformas orientadas a reducir el tamaño del Estado han logrado imponerse.
Igualmente, el sistema electoral mexicano ha demostrado ser robusto y sus resultados recientes han sido aceptados. El conteo rápido y los resultados preliminares constituyen una pieza fundamental del proceso electoral. El caso peruano muestra cómo la incertidumbre y la demora pueden generar dudas. Basta recordar que López Obrador perdió la elección presidencial de 2006 por menos de 250 mil votos. ¿Qué habría ocurrido si la diferencia hubiera sido inferior a 50 mil votos, como ocurrió en Perú?
Finalmente, el último reto que enfrenta México es de carácter político. La nueva ola conservadora puede dejar al país relativamente aislado en la región. No debe menospreciarse la importancia de mantener relaciones estrechas con gobiernos que compartan ciertas prioridades de política pública. Esto no significa que México deba abandonar su modelo actual ni que deba replicar el de otros países. Más bien, gobiernos con orientaciones similares pueden generar sinergias y facilitar políticas bilaterales que contribuyan al bienestar de sus habitantes. Por ejemplo, una estrategia para reducir la dependencia de los hidrocarburos, como la propuesta por Petro, podría ser útil para disminuir la dependencia de Pemex en México.
En conclusión, la experiencia reciente de los países de la Alianza del Pacífico muestra que la fortaleza de una democracia no depende de la orientación ideológica de sus gobiernos, sino de la capacidad de sus instituciones para garantizar elecciones confiables, aceptar la alternancia en el poder y preservar un sistema efectivo de pesos y contrapesos. Para México, el principal desafío no es la nueva ola política que atraviesa la región, sino asegurar que, independientemente del resultado de las próximas elecciones, la confianza en las instituciones democráticas y la estabilidad económica permanezcan como pilares del desarrollo del país.
Análisis de especialistas de la Universidad Iberoamericana son presentados a nuestros lectores cada 15 días en un espacio que coordina el Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
Comentarios: pablo.cotler@ibero.mx
* El autor es profesor-investigador del Departamento de Economía. Se agradece el apoyo realizado por Miranda González, estudiante de la licenciatura en Economía.