El uso de Artefactos Explosivos Improvisados por parte del crimen organizado vive un importante repunte desde el año 2018 dada su sencilla, y tendiente a masiva, reproductibilidad técnica que no requiere de la importación de componentes especiales, de difícil acceso o de particular escasez (si acaso solo el malicioso expertise de los mercenarios colombianos).
Las minas terrestres improvisadas son hoy día, en mancuerna con los drones artillados, el recurso predilecto del hampa y el sicariato en los enclaves serranos para desplazar comunidades enteras, sembrar el terror entre los civiles, los enemigos y las autoridades locales, así como para alejar de sus terruños, senderos, caminos y campamentos-laboratorios clandestinos a la oficialidad mexicana, a punta de trampas y emboscadas.
De los 5 artilugios de este tipo decomisados en diciembre de 2018, el Ejército pasó a requisar 55 minas hechizas en 2019, 359 en 2020, 353 en 2021 y 1,209 para el año 2022 cuando, no sin conexión con el disparo en los decomisos, el Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán, en Michoacán, comenzó a registrar los incidentes relacionados con artefactos explosivos improvisados en la entidad, datos que, al corte de mayo de 2026, exhiben al menos 35 eventos que derivaron en la muerte 40 personas y se anotan, hasta junio de este mismo año, 62 personas lesionadas, la mayor parte de ese global en la Tierra Caliente cercana al municipio de Apatzingán. Esta última cifra es alarmante si se atiende a los 77 heridos contabilizados en todo el país entre el 1 de diciembre de 2018 y el 21 de agosto de 2023, año considerado hasta ese entonces como el más mortífero a causa del minado, con 42 heridos. La numeralia en los periodos 2023 y 2024 sólo confirma la efervescencia de esta nueva arma con 2,803 decomisos para el primer año y 1,571 más hacia octubre del siguiente, esto de acuerdo con datos de InSight Crime y la Secretaría de la Defensa Nacional.
LA UNIDAD DE DESMINADO
Hacia 2022 se hizo evidente que la zona limítrofe entre Jalisco y Michoacán, uno de los polígonos territoriales en disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación, los Cárteles Unidos y algunas escisiones del segundo, tales como La Nueva Familia Michoacana, y donde a la sazón se encuentra Apatzingán, se erguía como una suerte de epicentro del sembrado de campos minados, con el 40 por ciento del total de los decomisos en todo el país.
No obstante, fue hasta los albores del año 2025 cuando el Ejército mexicano anunció el despliegue de una unidad especializada, creada específicamente para detectar y desactivar Artefactos Explosivos Improvisados en la zona problema, lance que surgió cuando las minas ya se habían cobrado la vida de seis de sus elementos en 18 ataques con explosivos documentados en suelo michoacano entre 2021 y enero de 2025. Y aunque la unidad aseveró contar, en ese entonces, con tres vehículos desminadores únicamente fue derivado a Michoacán uno de ellos, el De-Mining Unit 2.
De acuerdo con el Ejecutivo de Michoacán, y lo reportado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la unidad habría de operar con particular ahínco en las comunidades del El Alcalde y El Guayabo, en la región de Tierra Caliente, emplazamientos rurales asediados por grupos de criminales, expuestos al fuego cruzado de los cárteles, azotados constantemente por ataques con drones y a merced de las cientos de minas que el hampa colocó en parcelas agrícolas, consagradas sobre todo al limón, y en caminos de terracería por donde suele moverse ganado y recursos madereros.
Aun con la presencia operativa de la unidad, ambas comunidades fueron forzadas a desplazarse tras la llamada “Noche de los Drones”, mote con el que los habitantes se refieren a una incursión armada ocurrida en marzo de 2025 por parte de sicarios presumiblemente pertenecientes al CJNG. El evento catalizó la huida de toda la población, y caseríos colindantes, entre abril y mayo del mismo año. En total se calcula que un total de 668 personas fueron desplazadas.
EL GATO Y EL RATÓN
Adherido a la falta de un informe de la Defensa en relación con los éxitos de la unidad de detección y desactivación de minas, asoma el incómodo fracaso de la estrategia toda vez que el retorno seguro de algunas comunidades se halla comprometido. Si bien autoridades estatales y municipales acompañaron a algunos cientos de personas, a mediados de mayo, para que volvieran a sus hogares a salvo en las comunidades de Cueramato, Guanajuatillo, Holanda, Los Laureles y El Mezquital, dicho retorno no pudo alcanzar la paz que debería acompañar a la cotidianidad, pues tan sólo siete días más tarde, dos jornaleros murieron en Cueramato tras explotar una mina terrestre mientras removían hierbajos en el suelo de una parcela. Fueron Alberto Vargas y Ángel Zavala, de 35 y 55 años respectivamente.
Ya lo describía la investigadora Victoria Dittmar en 2025, aun si los militares consiguen ubicar y desactivar explosivos enterrados, apenas lo hacen y se retiran los grupos delictivos vuelven y siembran más.
Recientemente, el 19 de junio, una mina explotó al paso de un transporte agrícola en algún camino de El Guayabo, hiriendo a dos personas, luego medios locales calentanos replicaron la noticia de un enfrentamiento entre delincuentes en las cercanías de esa misma localidad, hecho confirmado posteriormente por el Observatorio de Seguridad Humana en Apatzingán. Al final de la jornada se produjo la expulsión, nuevamente, de al menos un centenar de familias radicadas en tal demarcación y en las poblaciones de Cueramato y Cueramatillo. La huida fue más notoria en Cueramato donde, según el Observatorio, solo permanecieron 32 de los 110 habitantes que acababan de volver a sus casas en semanas previas. En la misma zona, se contabilizan 26 víctimas de Artefactos Explosivos Improvisados entre enero y junio de 2026, seis personas han muerto y 20 ostentan heridas; de los fallecidos, tres ejercían de jornaleros, y de los heridos, 17 son soldados del Ejército mexicano.
LOS EXPLOSIVOS
De los 2,803 Artefactos Explosivos Improvisados (AEI) decomisados por el Ejército mexicano en 2023, 1,411 yacían en casas de seguridad y campamentos del crimen organizado en Michoacán. Del número total en el país la Defensa adujo que 2,186 explosivos fueron hallados en tierra, 12 en vehículos y 605 montados en drones artillados.
Durante una Conferencia Mañanera en Palacio Nacional el entonces secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval, explicó sobre los AEI que son “sumamente inestables y su manejo es altamente riesgoso”, no obstante, amortiguó de inmediato el golpe al asegurar que “fallan en su mayoría”. Y sobre los orígenes de sus componentes, el militar admitió que la pólvora comercial que utilizan, al igual que el hidrogel (un agente de voladura en gel acuoso apto para uso minero) son muchas veces obtenidos a partir del robo a depósitos de empresas mineras (cuando no adquiridos en el mercado a través de testaferros), por lo demás, aseguró que la confección de estos artefactos se lleva cabo por medio de manuales que circulan en internet sobre cómo fabricar un AEI, empero, hoy sabemos que mucha culpa tienen los mercenarios, paramilitares y exguerrileros colombianos que el narco importa a modo de asesores y de cuya parásita presencia adolece hoy día Michoacán, además de Chiapas, Guerrero, Jalisco, Zacatecas, Colima, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Tamaulipas.
La mayor parte de los AEI que las autoridades mexicanas han logrado decomisar con simples tubos de PVC o de metal rellenos de pólvora y polímeros susceptibles a estallar, de igual manera, los criminales agregan clavos, vidrio y pedacería metálica para hacer de metralla y causar así el mayor daño posible. No obstante, los decomisos más recientes muestran cargas explosivas revestidas de cascarones impresos en 3D, lo que sugiere un cambio notable en la reproductibilidad de las minas terrestres, un agregado propio de una cadena de producción en serie.
Sea como fuere el gobierno de Michoacán logró requisar en el año 2024 hasta 3 mil 171 granadas y AEIs, así como 291 kilogramos de material explosivo, esto como fruto del trabajo conjunto entre la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, vía el Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos de la Guardia Civil, y la Defensa Nacional a través de personal de detección, desactivación y destrucción de explosivos, lo mismo que con binomios canófilos y robots; “con énfasis operativa en la región de Tierra Caliente”, señalaba el reporte. Y hacia mayo de este año, Juan Carlos Oseguera, titular de la SSP, y el Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, dieron parte del aseguramiento de 523 de estos artefactos, al tiempo que informaron que elementos de la Defensa, con asistencia de la Guardia Civil de la entidad, habían logrado desactivar 248 minas terrestres en la localidad de Paredes del Ahogado, municipio de Buenavista, y 184 más en operativos realizados en La Alberca y en Los Hornos, demarcaciones de Apatzingán.
¿SE ADAPTAN O IMPROVISAN?
En febrero de 2026, un año y un mes después de su despliegue, la unidad de desminado del Ejército presentó a algunos medios el De-Mining Unit 2, uno de los tres vehículos desminadores que la Defensa dijo poseer, pero el único integrado a las tareas de seguridad en la región de Tierra Caliente, al menos hasta hace unos días, cuando trascendieron imágenes de un montacargas y un cargador frontal modificados para fungir como desminadores, ambos eran transportados en grúas del Ejército por vialidades de Apatzingán.
Huelga decir que mientras el De-Mining Unit 2 es un vehículo de alta resistencia capaz de soportar la detonación de minas antipersonales y antitanque, provisto de un mecanismo-rodillo frontal de cadenas giratorias y cuchillas para “palpar” el suelo y explotar de forma controlada posibles cargas depositadas a mayor profundidad, además de que se maneja de forma remota (sin arriesgar la vida e integridad del operador), los montacargas y cargadores avistados son más bien vehículos concebidos para otro fin (uno civil), pero adaptados para abrirse paso en zonas minadas.
Aunque sin duda estos dos “desminadores” representan un hito en la adaptabilidad y disposición del orden federal, y del Ejército, por asumir la tarea de purgar de minas la entidad y con ello permitir a cientos de familias un retorno seguro a sus actividades y viviendas, la aparición de un par de máquinas de construcción ataviadas con blindaje para proteger al tripulante, y mecanismos de golpeo adaptados en bateas y palas, también plantea interrogantes en torno de la disponibilidad de recursos y herramientas adecuadas y hasta sobre la mera existencia en el haber de la Defensa de más desminadores para coadyuvar a limpiar, de una vez por todas, una región donde la gente roza ya una década rezando por no volar en pedazos por los aires.
