Una serie de investigaciones por presuntas irregularidades en distintas dependencias federales derivó en sanciones contra 35 personas servidoras públicas y tres empresas. Las resoluciones, emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, incluyen inhabilitaciones, destituciones, suspensiones y multas económicas que en conjunto superan los 67 millones de pesos.
Las autoridades recordaron que, conforme a la Constitución y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa imponer sanciones por faltas graves, mientras que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno atiende las conductas consideradas no graves.
Las investigaciones fueron realizadas por la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos (Pemex), así como por los Órganos Internos de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Alimentación para el Bienestar (AliBien), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Servicio Postal Mexicano (Sepomex).
En el caso de Pemex, Wenceslao C. recibió dos inhabilitaciones de 10 años. Erika S. fue inhabilitada por el mismo periodo y destituida de su cargo, mientras que ambos deberán cubrir de manera solidaria una sanción económica de 12.1 millones de pesos.
También fueron sancionados Arturo V. y José M., quienes recibieron inhabilitaciones de 10 años, destitución y una multa solidaria de 1.6 millones de pesos por irregularidades relacionadas con la formalización de contratos para la operación y resguardo de aeronaves de Pemex, así como por validar pagos de servicios que no fueron recibidos durante 2017 y 2018.
En el IMSS, Filiberto G., adscrito al Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente, en Jalisco, fue inhabilitado durante 15 años por no informar a un paciente sobre los riesgos de un procedimiento quirúrgico realizado en 2017.
Las sanciones más numerosas corresponden a Alimentación para el Bienestar. René G., Manuel L. y Carlos V. fueron inhabilitados por 10 años tras detectarse pagos por más de 13 mil cajas de fruta deshidratada sin evidencia de entrega durante 2019. Además, la empresa involucrada recibió una inhabilitación de seis años y una sanción económica solidaria de 6.9 millones de pesos.
En otro expediente relacionado con la misma dependencia, los tres exservidores públicos volvieron a recibir inhabilitaciones de 10 años por autorizar el pago de 50 mil latas de sardina sin comprobar su entrega. En este caso también fueron sancionadas dos empresas, una con ocho años de inhabilitación y otra con el mismo periodo, además de multas solidarias que suman 28.5 millones de pesos.
Otra resolución alcanzó a Concepción E., Juan S. y nuevamente a René G., quienes fueron inhabilitados durante 10 años y deberán responder solidariamente por una sanción económica de 18.3 millones de pesos. La investigación concluyó que utilizaron contratos destinados a la distribución de leche para transportar libros de texto gratuitos y tarimas en 2020.
En el ISSSTE, René P., adscrito a las Oficinas de Conservación y Mantenimiento de San Fernando, en la Ciudad de México, fue suspendido durante 30 días por autorizar estimaciones de obra sin contar con facultades legales, situación que derivó en pagos por trabajos no ejecutados en la Clínica Hospital de Puerto Vallarta por alrededor de cuatro millones de pesos, incluyendo intereses.
También en el ISSSTE, Myriam L., de la Dirección de Comunicación Social, recibió una inhabilitación de tres meses por intervenir en la contratación de su hijo y posteriormente en el cambio de su plaza entre 2018 y 2022.
En el caso de Sepomex, Fidel S., de la Gerencia Estatal en Nayarit, fue suspendido por 30 días tras autorizar un bono económico a una persona servidora pública con quien mantenía una relación de parentesco durante 2022.
Con estas resoluciones concluyeron diversos procedimientos derivados de investigaciones internas que acreditaron faltas administrativas graves cometidas en distintas instituciones del gobierno federal.