Ante el incremento de su uso por parte de los grupos criminales, senadores presentaron un punto de acuerdo para cerrar el paso al uso , comercialización, distribución y oferta ilícita de equipos inhibidores de señales de telecomunicaciones, conocidos como “jammers”.que continúan ofertándose a través de plataformas digitales, redes sociales y sitios de comercio electrónico
En México, el uso, fabricación, comercialización y posesión de equipos inhibidores de señal (conocidos como jammers) es totalmente ilegal. Su uso está penado por el Código Penal Federal con hasta 15 años de prisión, ya que estos dispositivos se han convertido en la principal herramienta del crimen organizado para cometer robos vehiculares y de carga
Por ello , la senadora del PVEM, Juanita Guerra Mena , presentó un punto de acuerdo para solicitar la Guardia Nacional y a las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana de las 32 entidades federativas a fortalecer las acciones de vigilancia, investigación, monitoreo y denuncia contra este tipo de instrumentos.
Asimismo, hizo un llamado a las autoridades estatales responsables de la seguridad pública, particularmente a sus unidades de policía cibernética, para que investiguen, monitoreen, denuncien y coadyuven en el combate a la comercialización ilícita de estos dispositivos, a fin de prevenir su adquisición y uso indebido.
De acuerdo con datos de seguridad, entre el 80% y 85% de los robos de carga en el país involucran el uso de estos dispositivos. Los delincuentes los utilizan para aislar por completo a las víctimas antes y durante un asalto: Transporte de carga: Bloquean los botones de pánico y los sistemas de rastreo satelital para desviar o secuestrar tractocamiones
La legisladora morelense aseveró que las telecomunicaciones constituyen un servicio público de interés general y un elemento estratégico para el funcionamiento del Estado mexicano, ya que garantizan el ejercicio de derechos fundamentales, la atención de emergencias, la protección civil y la seguridad pública.
Advirtió que cualquier interferencia indebida en las redes de comunicación representa un riesgo para la población y para la operación de las instituciones encargadas de la seguridad.
Explicó que los “jammers” son dispositivos electrónicos diseñados para generar interferencias intencionales en las frecuencias utilizadas por las redes de telecomunicaciones, impidiendo la transmisión y recepción de señales de telefonía móvil, internet inalámbrico, sistemas de posicionamiento global y radiocomunicación.
Recordó que esos instrumentos pueden interrumpir llamadas de emergencia, obstaculizar operaciones de rescate, afectar sistemas de localización y comprometer la coordinación institucional en situaciones de riesgo.
Recordó que el artículo 168 Ter del Código Penal Federal establece penas de 12 a 15 años de prisión para quien fabrique, comercialice, adquiera, instale, porte, use u opere equipos que bloqueen, cancelen o anulen señales de telefonía celular, radiocomunicación o transmisión de datos e imagen.
Asimismo, destacó que el 24 de enero de 2024 entró en vigor la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y al Código Penal Federal, mediante la cual quedó prohibida la fabricación, comercialización, adquisición, instalación, portación, uso y operación de estos dispositivos, con excepción de las autoridades facultadas por la legislación vigente.
Sin embargo, advirtió que, pese a la prohibición legal, existen plataformas digitales y sitios de comercio electrónico donde estos equipos continúan ofreciéndose al público, situación que facilita su adquisición y uso indebido para la comisión de delitos y la afectación de servicios estratégicos del Estado.