
El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, fue detenido el pasado 7 de julio en la Ciudad de México (CDMX), por elementos de seguridad.
Con un operativo conjunto la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), y la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGEM), lograron la aprehensión del implicado.
Esto tras el seguimiento de una investigación por presuntas agresiones físicas y psicológicas en contra de su ahora exesposa María Felicia Jiménez.
¿Cómo ocurrieron los hechos en el hogar de Víctor Rodríguez Padilla?
Estas agresiones se dieron a conocer mediante un video que se difundió a través de las redes sociales, donde presuntamente se observa al ex funcionario discutir con su pareja y posteriormente agredir físicamente.
De acuerdo con la información difundida el incidente ocurrió en presencia de un menor de edad, hecho que quedó integrado en las diligencias correspondientes del caso.
¿En qué penal está recluido el exdirector de Pemex?
Tras su detención la FGE de Morelos informó el ingreso del ex servidor público al Penal de Atlacholoaya en el estado, en donde continúa a la espera de la audiencia inicial, para determinar si existen elementos suficientes para su vinculación a proceso.
Así como la legalidad de la detención para establecer las medidas cautelares correspondientes.
¿Cuántos años podría pasar el exdirector de Pemex en la cárcel?
Un juez en la materia también podría establecer una multa económica, pérdida de derechos e incluso tratamiento psicológico por su probable participación en los hechos.
Según el Artículo 343 bis del Código Penal Federal, establece que la violencia con actos de control, dominio, o agresión física, psicológica, sexual, patrimonial o económica aplicada por cualquier persona con la que exista o haya existido una relación de matrimonio o parentesco, relación fuera o dentro del domicilio familiar, podría enfrentar:
- Seis meses a cuatro años de cárcel
- Pérdida de recibir una pensión alimenticia
- Tratamiento psicológico especializado.
Según la ley, en caso de que el delito sea cometido en contra de una mujer embarazada, adulto mayor o una persona con discapacidad, la pena aumenta hasta en una mitad.