El 11 de julio de 2018, once días después de ganar las elecciones, Andrés Manuel López Obrador anunció por sorpresa que, como presidente electo, había ordenado la cancelación de la compra de 8 helicópteros de combate MH-60R Seahawk para la Marina, argumentando que el país no podía sufragar ese gasto ($1,360 millones de dólares).
Un día antes del anuncio, que rompía el contrato de compra del todavía gobierno de Enrique Peña Nieto y que fue autorizado en abril por el Departamento de Estado de EU, ocurrió un hecho inaudito: a las 7:30 de la mañana del martes 10 de julio, dos drones sobrevolaron la casa en Tecate (Baja California) de Gerardo Manuel Sosa Olachea, quien en ese momento era el Secretario de Seguridad Pública del estado.
Uno de los dispositivos se desplomó en el patio de la propiedad cargando dos granadas de fragmentación sujetadas con cinta adhesiva. Los explosivos no explotaron y no hubo que lamentar víctimas, pero se confirmó el peor de los temores: los cárteles tenían ya la capacidad de modificar drones para atacar desde el aire a las fuerzas del orden.
El atentado fallido fue atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el grupo criminal pionero en la modificación técnica de drones con explosivos en México, en venganza porque las autoridades estatales acababan de desmantelar varios narcolaboratorios en el municipio de Tecate.
Sin embargo, la señal de alarma no fue escuchada por las nuevas autoridades. El 18 de septiembre de 2019, dos días después de presidir su primer desfile militar para conmemorar la independencia de México, López Obrador impuso por decreto la prohibición de comprar vehículos terrestres, embarcaciones y aeronaves militares “salvo extrema necesidad debidamente justificada”, como quedó por escrito en el artículo 12 del Diario Oficial de la Federación.
Quienes no pararon de fabricar y perfeccionar sus aeronaves no tripuladas para intensificar su guerra contra las fuerzas armadas mexicanas fueron los cárteles de la droga.
Superioridad aérea del narco
El 19 de abril de 2021, el CJNG lanzó drones con explosivos C4 contra un grupo de agentes de la Policía Estatal de Michoacán que apenas unas horas antes había logrado desbloquear la carretera Apatzingán-Aguililla, la cual llevaba meses cortada por el crimen organizado. Dos policías resultaron heridos.
Este evento pasó a la historia de la seguridad pública en México porque obligó a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) a reconocer oficialmente, por primera vez, el uso de drones como armamento ofensivo por parte de los cárteles del narcotráfico. A partir de entonces se sucedieron ataques con drones, como el ocurrido el 29 de febrero de 2024 en El Montoso, Michoacán, cuando elementos de la 43 Zona Militar de la SEDENA fueron emboscados de manera combinada con explosivos lanzados desde drones y minas terrestres, con un saldo de 4 soldados muertos y 9 heridos.
La superioridad de los cárteles en el combate aéreo era evidente, como también la disposición de López Obrador por ceder el control al Ejército de sus megaproyectos, como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), Mexicana de Aviación, así como aduanas y hasta hoteles.
Mientras tanto, el malestar sordo de los uniformados por esta desventaja obligó a la SEDENA a emitir un comunicado interno para recordar que está sujeto al código penal militar quien emita críticas públicas al jefe del Estado y a sus decisiones. Pero los mandos militares no contaban con la astucia de los hackers.
El escándalo de los Guacamaya Leaks
El 29 de septiembre de 2022, un hackeo masivo de correos internos de la SEDENA (conocido como los Guacamaya Leaks) sacó a la luz el malestar de ingenieros y mandos intermedios, que advirtieron a sus superiores del peligro de manejar helicópteros que ya habían cumplido su vida útil o estaban varados por falta de refacciones.
Dos meses antes, el 15 de julio, un helicóptero Black Hawk de la Secretaría de Marina (SEMAR) se desplomó en Los Mochis, Sinaloa, solo horas después de la captura de Caro Quintero, a un centenar de kilómetros al interior del estado, en la localidad de Choix. La tragedia dejó un saldo de 14 marinos muertos, convirtiéndose en uno de los episodios más trágicos para la Marina en operaciones contra el narcotráfico. Pese a la coincidencia en el espacio y en el tiempo, las autoridades descartaron un ataque aéreo criminal y lo achacaron a “problemas técnicos y sobrecarga”.
De igual manera, López Obrador trató de minimizar el escándalo por el Guacamaya Leaks acusando sin pruebas a opositores como Claudio X. González y a “agencias internacionales” de estar detrás del hackeo, recurriendo a la ironía —”la guacamaya se volvió zopilote”— y cerrando filas con las Fuerzas Armadas, vetando cualquier investigación.
Pese a todo, el malestar quedó al descubierto y también la necesidad de modernizar de forma urgente la Fuerza Aérea Mexicana. Con el cambio de gobierno se despejó el camino, pero no mediante la inversión masiva en artillería pesada y costosos aviones de combate, sino jugando con las mismas armas que el crimen organizado: los drones.
Cambio de estrategia
Oficialmente, el gobierno de Claudia Sheinbaum insiste en que no hay un cambio de estrategia de seguridad en la misión social y de control del país que encomendó López Obrador al Ejército, especialmente a través de la Guardia Nacional. Sin embargo, sí hubo cambios y dos fueron decisivos.
El 1 de octubre de 2024, poco después de jurar su cargo como presidenta de México, Sheinbaum eligió al almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles como secretario de Marina, un ingeniero con maestría en Seguridad Nacional, por su decidida apuesta en el desarrollo de drones militares y sistemas antidrones. En el mismo acto, la presidenta nombró secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a Omar García Harfuch, buscando una estrategia significativamente más operativa y eficiente, basada en inteligencia.
Para agilizar este cambio de estrategia, la presidenta impulsó la reforma del artículo 21 de la Constitución para crear una “Súper Secretaría” de seguridad que incluya un nuevo Sistema Nacional de Inteligencia y que impulse el uso de “tecnologías avanzadas para la prevención y combate de los delitos, incluyendo sistemas de vigilancia aérea no tripulada (drones), dispositivos de reconocimiento remoto y herramientas de inteligencia artificial, siempre bajo el respeto a los derechos humanos”.
Esto transformó a la secretaría de Harfuch en el cerebro analítico que dicta líneas de acción, mientras que la SEDENA y la Marina operan como el brazo de fuerza ejecutor. Sin embargo, las cifras de decomiso de “narcodrones” dejan mucho que desear —85 en 2025—, al igual que la destrucción de laboratorios de droga, mientras que las denuncias del presidente de Estados Unidos de que hay territorios controlados por los cárteles no son del todo una falacia.
Aunque el cambio de estrategia es acertado, hay vacíos legales que cubrir para doblegar al crimen organizado.
¿Qué falta por implementar de urgencia?
En primer lugar, una ley específica que regule un sistema antidrones (inhibidores de señal, radares, láseres) que cubra la máxima extensión posible de territorio nacional, empezando por los puntos calientes.
Por otro lado, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), que regula el uso civil de drones, no cuenta aún con un registro obligatorio de drones ni un sistema de rastreo de aparatos, por lo que los delincuentes aprovechan esta laguna para comprar y modificar drones sin control.
Eso, en cuanto al sistema antidrones que necesita completar la defensa. El uso de drones ofensivos también presenta importantes lagunas.
Las fuerzas de seguridad pública en México utilizan drones exclusivamente para vigilancia, mapeo, reconocimiento e inteligencia, pero no para atacar. Por tanto, falta normar el uso ofensivo de drones por parte del Estado. El reformado artículo 21 no autoriza específicamente ataques dirigidos por drones para neutralizar amenazas; y en cambio, sí añade que el uso de drones para prevenir el delito se hará “siempre bajo el respeto a los derechos humanos”.
Mientras que el crimen organizado ha adoptado los drones como armas de ataque (con explosivos artesanales), el Estado mexicano sigue constreñido a utilizarlos únicamente como herramientas de “ojos en el cielo”. Tipificar el uso delictivo de drones avanzó con reformas al Código Penal Federal, pero autorizar el uso letal o de neutralización por parte de las autoridades sigue siendo un debate pendiente.
Por último, y esto sí está contemplado en el artículo reformado de la Constitución —el uso de la inteligencia artificial—, se debería acelerar la creación de un batallón de uniformados instruidos en el uso de drones (ofensivos y defensivos) recurriendo a los sistemas de inteligencia artificial más avanzados y que requieren licencias y autorización en los países de origen, lo que le daría una ventaja muy valiosa en el combate a los cárteles, que no tienen acceso a esta tecnología punta.
Es aquí donde entraría finalmente el papel de Estados Unidos. Si de verdad quiere ver a un Ejército mexicano capaz de neutralizar la amenaza de los cárteles para los dos países, debe colaborar en inteligencia, autorizar licencias restringidas de IA para uso militar y, desde luego, cumplir con el reclamo que lleva años haciendo México sin éxito: impedir que los criminales se hagan con potentes armas de guerra, de venta prácticamente libre en sus armerías.