La dirigencia nacional del PAN advirtió que difusión del audio atribuido a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, profundiza la crisis de credibilidad que enfrenta Morena por lo cual exigió que la mandatara estatal solicite licencia al cargo mientras las autoridades competentes esclarecen plenamente los hechos y la ciudadanía conoce la verdad.
Recalcó que se hace indispensable que se esclarezcan, con absoluta transparencia, las circunstancias y el contenido de esa conversación.
El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero cuestionó las dos varas con las que mide Morena y el gobierno federal cuando son gobernadores oficialistas o de oposición.
“Si del propio audio se desprende que la gobernadora se presenta o se refiere a sí misma como colaboradora o informante de autoridades estadounidenses, resulta inevitable preguntar por qué Morena utiliza un discurso cuando se trata de la oposición y uno completamente distinto cuando los señalamientos recaen sobre sus propios gobiernos”, fustigó en alusión
Ello en alusión a la campaña contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos a quien acusan de traidora a la patria por supuestamente permitir la intervención de agentes de la CIA en un operativo para destruir un narco laboratorio.
Romero aseveró que México necesita gobiernos que actúen con transparencia, rindan cuentas y enfrenten cualquier señalamiento con apertura, porque la confianza pública no puede sostenerse entre audios, sospechas y silencios.
Un nuevo audio, atribuido a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, fue difundido este lunes donde la mandataria habla sobre una posible orden de extradición en su contra y expresa su disposición para cooperar con autoridades de Estados Unidos, brindando información de las mesas de seguridad en las que participa.
En el audio se escucha una conversación entre la gobernadora y un presunto intermediario identificado como asesor externo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) a quien la gobernadora le expresa su temor ante posibles acciones legales que podrían emprenderse en su contra incluida una solicitud de extradición.
Acción Nacional sostuvo que este episodio es una muestra más del profundo deterioro institucional que vive el país y de un gobierno que ha debilitado la soberanía del Estado mexicano al permitir que el crimen organizado amplíe su influencia en distintas regiones del país.
“Cuando el gobierno pierde el control frente a la delincuencia y las dudas recaen sobre sus propias autoridades, lo que está en juego ya no es un caso aislado de vidas, es un tema de seguridad nacional”, establece