En medio de la polémica y confusión que se ha generado, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán emplazó a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar a solicitar licencia por “ética personal” hasta que se esclarezca de manera puntual los relacionado a los audios donde se compromete a entregar información de las mesas de seguridad donde participa a cambio de presuntas gestiones para recuperar su visa estadounidense.
Acto seguido le pidió esclarecer dónde termina una gestión personal y dónde empieza el ejercicio de una responsabilidad pública pues le advirtió que la información que se presenta en las mesas de seguridad es estratégica y no debe ponerse al servicio de intereses personales y menos extranjeros.
“Los audios cuya autenticidad ha reconocido la propia gobernadora plantean dudas sobre una posible combinación entre sus gestiones personales ante autoridades estadounidenses y la información a la que tiene acceso por su responsabilidad pública”, fustigó
En ese sentido, la presidenta de la Cámara de Diputados, realizó a la mandataria bajacaliforniana una serie de cuestionamientos y le exigió que “por el bien de la Nación”, la gobernadora de Baja California debe responder con claridad y con transparencia.
“¿Con quién sostuvo esas conversaciones y qué representación tenían esos interlocutores? ¿Ella buscaba recuperar su visa o saber si existía una investigación en su contra? ¿Por qué le fue retirada la visa? ¿Existe alguna acusación, expediente o requerimiento en su contra en Estados Unidos?, y ¿Las autoridades mexicanas conocían esas comunicaciones y la razón de haberlas hecho?”, cuestionó
Por sanidad democrática y por respeto a quienes pagan impuestos—agregó--, la gobernadora morenista debe transparentarse todo asunto que involucre a servidores públicos y alcance una dimensión de interés nacional.
La panista recordó que las mesas de seguridad tiene un carácter estratégico y está destinada a proteger a la población y combatir a la delincuencia, por lo que no debe ponerse al servicio de ningún interés particular.
López Rabadán expuso que no es lo mismo retirar la visa a un ciudadano en particular que hacerlo a la gobernadora de un estado fronterizo, pues representa a su entidad, participa en la coordinación binacional y tiene responsabilidades directas en materia de seguridad.
“Es necesario evitar cualquier conflicto de interés y garantizar que las responsabilidades públicas se ejerzan exclusivamente en beneficio de la ciudadanía de Baja California y de todo México”, subrayó.
La diputada presidenta consideró que la gobernadora tiene todo el derecho de contratar abogados y gestionar la recuperación de su visa, pero el problema surge, dijo, cuando dentro de esa gestión personal se habla de información proveniente de las mesas de seguridad, de posibles escenarios legales y de contactos con supuestos intermediarios de autoridades estadounidenses.
“Esto es especialmente delicado porque la gobernadora encabeza la estrategia de seguridad de Baja California, una entidad que continúa enfrentando altos niveles de violencia. Aunque las autoridades han reportado una reducción de los homicidios, durante 2025 el estado concentró 7.3 por ciento de los homicidios dolosos registrados en el país”, lamentó.
DUDAS
Recordó que en los audios se menciona a Michael Nadler, abogado de Miami, exfiscal federal y especialista en investigaciones penales, delitos financieros, corrupción y lavado de dinero, y si bien la especialidad de un abogado no demuestra por sí misma que exista un delito o una investigación, sí es necesario explicar para qué fue contratado alguien con esa especialización, quién cubre sus honorarios y si en esas gestiones se han utilizado exclusivamente recursos privados.
“No se trata de especular ni de prejuzgar. Se trata de esclarecer dónde termina una gestión personal y dónde comienza el ejercicio de una responsabilidad pública”, reiteró.