Los audios de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, donde presuntamente negocia con supuestos intermediarios de agencias de EE.UU confrontaron a Morena y la oposición quien exigió una investigación por posibles violaciones a la Ley de Seguridad y que solicite licencia al cargo.
En tanto Morena salió en su defensa al asegurar que no existe una sola prueba que acredite la comisión de un delito.
El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, afirmó que en las grabaciones, la mandataria estatal ofrece compartir información confidencial obtenida en las mesas de seguridad a cambio de obtener impunidad.
Por ello—agregó-- exigió la apertura de una carpeta de investigación por presunta traición a la patria y demandó que la gobernadora solicite licencia mientras se esclarecen los hechos.
La senadora del PRI, Claudia Anaya centró su postura en el posible incumplimiento de la Ley de Seguridad Nacional y citó el artículo 70 de esa legislación, que obliga a los servidores públicos que sostengan reuniones con agentes extranjeros a notificar previamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, permitir la presencia de un representante de esa dependencia y rendir un informe detallado al Consejo Nacional de Seguridad Pública
La legisladora señaló que, de acuerdo con el contenido de la llamada, la gobernadora habría sostenido diversos encuentros con agentes extranjeros, por lo que debe verificarse si cumplió con esos requisitos legales.
Aunque evitó exigir directamente su renuncia, insistió en que es indispensable abrir una investigación formal y criticó que el secretario de Seguridad federal descartara irregularidades sin revisar el marco jurídico aplicable.
Anaya acusó además un “doble rasero” del gobierno federal al comparar este caso con el de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien —recordó— fue señalada por sus contactos con autoridades estadounidenses.
“Cuando es una gobernadora de oposición hablan de traición a la patria, pero cuando se trata de una gobernadora de Morena la exoneran sin siquiera investigar”, sostuvo.
El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda calificó como “gravísimo” el contenido difundido y afirmó que la gobernadora está obligada a explicar no sólo la conversación telefónica, sino también su situación legal y cualquier contacto o entendimiento que haya sostenido con autoridades extranjeras.
En contraste, el vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, rechazó los señalamientos de la oposición y aseguró que no existe una sola prueba que incrimine a Marina del Pilar. Por ello, descartó que deba solicitar licencia y cuestionó quién está detrás de la difusión de los audios y de las acusaciones en su contra.