La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a la empresa Galmar Proyectos Integrales, S. de R.L. de C.V., con una multa económica y una inhabilitación temporal para contratar con el Gobierno federal, luego de determinar que presentó documentación falsa durante un procedimiento de adjudicación directa convocado por el Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que, a través del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud, impuso una multa de 171 mil 973 pesos e inhabilitó por tres meses a Galmar Proyectos Integrales para participar, de manera directa o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación y celebrar contratos con la Administración Pública Federal.
¿Por qué fue inhabilitada Galmar Proyectos Integrales?
Según la dependencia, la empresa presentó como válidos documentos relacionados con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de seguridad social que supuestamente habían sido emitidos por el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Entre los documentos observados se encuentran:
- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales.
- Opinión de cumplimiento en materia de seguridad social.
- Constancia de situación fiscal relativa a aportaciones patronales y entero de descuentos.
Las autoridades determinaron que dicha información era falsa, lo que constituye una infracción a la legislación en materia de contrataciones públicas y motivó la imposición de las sanciones administrativas.
¿Qué implica la inhabilitación de Galmar Poyectos Integrales?
La inhabilitación significa que Galmar Proyectos Integrales no podrá participar durante tres meses en nuevos procedimientos de contratación ni celebrar contratos con cualquier dependencia o entidad de la Administración Pública Federal, ya sea directamente o mediante terceros.
Además, la empresa fue inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, un registro oficial que concentra a las personas físicas y morales sancionadas por incumplimientos a la legislación en materia de adquisiciones, obras públicas y contrataciones gubernamentales.
La Secretaría precisó que la notificación de la resolución se realizó el 3 de julio de 2026, mientras que su publicación en el Diario Oficial de la Federación formaliza los efectos de la sanción.