La Presidenta Claudia Sheinbaum firmó la iniciativa de Ley General contra el Feminicidio que pretende unificar en todo el país la definición del delito, homologar las investigaciones y principalmente reducir las muertes violentas de mujeres por razones de género.
La consejera jurídica, Luisa María Alcalde, explicó que la necesidad de esta ley es porque el feminicido era regulado de forma diferente en los 32 estados de la República respecto al tipo penal, las razones de género, las agravantes y a las penas del delito. Incluso, existían deficiencias en los procesos de investigación, incorrecta clasificación de delitos violentos, falta de análisis de contexto de violencias, ausencia de estándares con perspectiva de género, que generaban muchas veces pérdida de indicios y subregistros de feminicidios, delitos que se catalogaban como homicidios cuando realmente eran feminicidios, ausencia de protocolos.
Como primera acción para combatir esto, el pasado 6 de mayo se realizó una reforma a la Constitución que faculta al Congreso para poder emitir la ley que hoy fue firmada con el fin de enviarla para su aprobación.
La Ley General contra el Feminicidio determina una pena homologada en todo el país de 50 a 70 años de prisión y se establecen 19 agravantes para aumentar la pena en diferentes circunstancias de la comisión del delito; se sanciona la tentativa con pena de prisión de entre la mitad de las a las dos terceras partes de esta pena de 50 a 70 años; El delito, su sanción y la reparación del daño son imprescriptibles, no es un delito que pueda prescribir.
Maribel Bojorges Beltrán, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres de la FGR, destacó que los protocolos deberán incorporar, entre otros elementos, la perspectiva de género, la debida diligencia reforzada, los análisis de contexto de violencia, la preservación adecuada de indicios y además una coordinación entre instituciones de seguridad, Procuración de Justicia y sobre todo la atención a víctimas.
Resaltó que se dispone en el proyecto que la Fiscalía General de la República y las fiscalías o procuradurías locales deberán contar con unidades o fiscalías especializadas para el conocimiento, la investigación y persecución del delito de feminicidio, además de contar con ministerios públicos, policías, personal técnico y pericial especializado y capacitado en materia de atención a víctimas.
La subsecretaria de las Mujeres, Ingrid Gómez señaló que dentro de la ley tambien se contempla todo lo que tiene que ver con los derechos de las víctimas y se reconoce como derechos de las víctimas: el acceso a la verdad y la justicia; la atención médica y psicológica de urgencia para las sobrevivientes y las víctimas indirectas, que en este caso pueden ser niñas, niñas y adolescentes; la asistencia jurídica especializada y además gratuita; la atención integral para niñas, niños y adolescentes que quedan en una situación de orfandad por el feminicidio de sus madres; la restitución o entrega del cuerpo de una manera digna, respetuosa y asistida; y servicios de traducción e interpretación cuando se trate de poblaciones indígenas.