La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que sancionó a dos empresas proveedoras del Gobierno de México por incumplir sus obligaciones en contratos públicos, como parte de las acciones para fortalecer la transparencia y el combate a la corrupción en las contrataciones de la Administración Pública Federal. Las sanciones fueron publicadas este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
De acuerdo con la dependencia, las empresas sancionadas quedaron inhabilitadas temporalmente para participar, por sí mismas o mediante terceros, en procedimientos de contratación para celebrar nuevos contratos con dependencias y entidades del gobierno federal durante el periodo establecido en cada resolución. Además, ambas fueron inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas SANCIONADOS.
La Secretaría explicó que estas medidas forman parte de las facultades de vigilancia y control que tiene para supervisar el cumplimiento de la legislación en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública, con el objetivo de garantizar que las empresas que contratan con el gobierno actúen conforme a la ley.
Las investigaciones fueron realizadas por las autoridades competentes tras detectar irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones contractuales de ambas compañías. Luego del procedimiento administrativo correspondiente, se determinó imponer las sanciones previstas en la legislación vigente.
La dependencia destacó que las sanciones buscan proteger el uso adecuado de los recursos públicos y fomentar que las empresas proveedoras respeten las condiciones establecidas en los contratos celebrados con el gobierno federal.
Asimismo, recordó que las personas físicas y morales interesadas en participar en licitaciones o contratos públicos pueden consultar el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados para verificar si alguna empresa tiene restricciones vigentes para contratar con la Administración Pública Federal.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que el cumplimiento de las obligaciones contractuales es un requisito indispensable para mantener la confianza en los procesos de contratación pública y asegurar que los bienes y servicios adquiridos por el Estado lleguen en tiempo y forma a la población.
Las sanciones que aparecen en el Diario Oficial de la Federación deben ser seguidas por todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Estas no pueden contratar con las empresas mientras las inhabilitaciones estén en vigor.
La dependencia reiteró que continuará fortaleciendo los mecanismos de supervisión y fiscalización para prevenir irregularidades en las contrataciones gubernamentales y garantizar que los recursos públicos se ejerzan con legalidad, eficiencia y transparencia.