La dirigencia nacional del PAN acusó al gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum de utilizar la justicia como herramienta de presión política y acusó una serie de inconsistencias e irregularidades en la detención y proceso penal que se le sigue al ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel preso en el penal del Altiplano , acusado de presunto tráfico de combustible.
“La justicia no debe instrumentarse como herramienta de presión política. Debe aplicarse con independencia, neutralidad, objetividad y respeto absoluto al debido proceso”, acusó el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera
Recalcó que en el caso de Ruffo Appel, se busca atacar a una figura emblemática de la democracia mexicana, al tratarse del primer gobernador de oposición en la historia moderna, que está encarcelado , mediante un proceso marcado por inconsistencias y decisiones que generan dudas sobre la imparcialidad de las autoridades.
Romero Herrera exigió a las autoridades judiciales valorar con objetividad las pruebas presentadas y conduzcan el proceso con estricto apego a la ley pues el blanquiazul no permitirá que las instituciones oficiales se utilicen para fabricar culpables.
“No permitiremos que las instituciones de justicia se utilicen para fabricar chivos expiatorios. Ernesto Ruffo debe recuperar su libertad ante la falta de elementos que justifiquen una medida tan desproporcionada”, indicó
Sostuvo que nadie puede estar por encima de la ley y que, cuando existan pruebas de la comisión de un delito, corresponde aplicar todo el peso de la justicia. Sin embargo, advirtió que tampoco puede permitirse que las instituciones sean utilizadas para perseguir adversarios o fabricar culpables.
Insistió en que Ruffo Appel es un preso político del gobierno de la 4T, que prefiere perseguir a opositores antes que llevar ante la justicia a los verdaderos criminales “que se encuentran dentro de sus propias filas”, sostuvo.
En ese sentido sostuvo que no pueden ignorarse los casos de políticos de Morena como Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunzal y Marina del Pilar Ávila, quienes han enfrentado graves señalamientos relacionados con presuntos vínculos con grupos criminales, sin que las autoridades actúen con la misma rapidez y severidad.
“No se nos olvidan los políticos de Morena que han sido señalados por presuntos vínculos con grupos del narcotráfico y que continúan protegidos por el oficialismo. La ley no puede aplicarse con un criterio para los opositores y con otro para quienes pertenecen al partido en el gobierno”, afirmó.