El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió la posibilidad de revisar las solicitudes de extradición presentadas por el Gobierno de México, entre ellas la del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien enfrenta procesos penales por presuntos delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
La posibilidad fue planteada por Todd Blanche, fiscal general en funciones de Estados Unidos, durante una conversación con el periodista Jesús García, del diario La Opinión, en el marco de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, en Washington.
Al ser cuestionado sobre la falta de respuesta del gobierno estadounidense a las solicitudes de extradición enviadas por México, Blanche respondió que, aunque no conocía los detalles de cada expediente, “deberían revisarse tales peticiones, claro”.
El funcionario también destacó la cooperación que mantienen los gobiernos del presidente Donald Trump y de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de seguridad, así como el trabajo coordinado con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Entre los casos pendientes se encuentra el de Francisco García Cabeza de Vaca, quien actualmente reside en Estados Unidos y es requerido por la Fiscalía General de la República (FGR) para enfrentar diversas investigaciones relacionadas con presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que el exmandatario cuenta con doble nacionalidad, mexicana y estadounidense, y señaló que México ha solicitado formalmente su extradición, sin que hasta ahora exista una respuesta por parte de las autoridades estadounidenses.
La mandataria afirmó que, si García Cabeza de Vaca se encontrara en territorio nacional, tendría que responder ante la justicia mexicana y lo calificó como un prófugo de la justicia.
El caso tuvo un nuevo avance el pasado 24 de febrero, cuando el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó por unanimidad el amparo que protegía al exgobernador, dejando vigente la orden de aprehensión en su contra.
Con esta resolución, la Corte estableció que para emitir una orden de captua en el sistema penal acusatorio no es necesario contar con prueba plena, sino con datos suficientes que permitan presumir razonablemente la existencia de un delito y la robable paraticipación del imputado.
Las investigaciones contra el exgobernador comenzaron en 2020, luego de que la Unidad deIinteligencia Financiera (UIF) presentara denuncias ante la FGR por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con las indagatorias, el expediente incluye un supuesto esquema de triangulación de recursos mediante contratos de obra pública en Tamaulipas, movimientos financieros entre empresas y operaciones inmobiliarias, además de reportes de operaciones sospechosas detectadas en Estados Unidos y un certificado por siete millones de dólares a nombre de un familiar.
El posible análisis de la solicitud de extradición ocurre en un momento en que México y Estados Unidos han fortalecido su colaboración en materia de seguridad y combate al crimen organizado. Según cifras oficiales, entre 2018 y 2026 el Gobierno de México presentó 269 solicitudes de extradición a Estados Unidos, de las cuales 233 continúan pendientes de resolución.
La eventual revisión del caso de García Cabeza de Vaca podría representar un avance en la cooperación judicial entre ambos países y definir el futuro legal del exgobernador, quien permanece en territorio estadounidense mientras continúan los procesos en su contra en México.