Hace poco más de un año, el 16 de julio de 2025 el Estado mexicano realizo las reformas legales que formalizaron la desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social —CONEVAL— y transfirieron al Instituto Nacional de Estadística y Geografía la medición de la pobreza y la evaluación integral de la política de desarrollo social. Desde el 17 de julio de ese año, el INEGI asumió formalmente estas responsabilidades.
La discusión pública se concentró en las razones políticas de la reforma. Para el oficialismo, la modificación respondía a la simplificación administrativa y a la austeridad; para la oposición, esta reforma significaba la eliminación de una institución que había resultado incómoda al evaluar programas sociales y medir la pobreza con autonomía técnica. Sin embargo, más allá de esas posiciones, existe una pregunta que sigue abierta: ¿qué ocurrirá con la capacidad del Estado mexicano para identificar si su política social realmente mejora las condiciones de vida de la población?
La desaparición del CONEVAL no significa que México se haya quedado legalmente sin evaluación. El problema es distinto: se perdió una institución especializada que articulaba la medición de la pobreza, además del monitoreo, la evaluación y los resultados de los programas sociales también apoyaba en la formulación de recomendaciones y la asistencia técnica a estados y municipios. Medir la pobreza y evaluar la política social son tareas relacionadas, pero no equivalentes. Las estadísticas permiten conocer cuántas personas enfrentan determinadas carencias; la evaluación busca explicar si una intervención fue adecuada, llegó a la población que lo requería y si está produjo los resultados esperados.
Un nuevo rompecabezas institucional
El nuevo panorama distribuye las responsabilidades entre diferentes instituciones. El INEGI se encarga de la medición de la pobreza y de la evaluación integral de la política de desarrollo social. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público conserva la evaluación de los programas presupuestarios y de los recursos federales mediante el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño. La Secretaría de Bienestar coordina la operación y el seguimiento de fondos como el FAIS, mientras que la Auditoría Superior de la Federación fiscaliza el uso y cumplimiento legal de los recursos públicos. Mientras que los estados y municipios, por su parte, ejecutan una parte considerable del gasto y producen los registros administrativos.
El problema, por lo tanto, no es la ausencia de instituciones, sino la posible fragmentación de sus funciones. Cada una administra una parte del proceso, pero ninguna pieza aislada permite reconstruir la trayectoria completa que va desde la asignación presupuestaria hasta la modificación de una carencia social.
México podría disponer de buenos datos de pobreza, informes presupuestarios, plataformas de seguimiento de obras y auditorías financieras y, aun así, no saber si las intervenciones modificaron efectivamente las condiciones sociales.
El FAISMUN: de contar obras a conocer resultados
El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social forma parte del Ramo General 33 y financia obras y acciones destinadas prioritariamente a población en pobreza extrema y localidades con alto o muy alto rezago social. Su vertiente municipal, el FAISMUN, permite financiar agua potable, drenaje, electrificación, infraestructura educativa y de salud, mejoramiento de vivienda y otros servicios básicos.
Por su escala territorial, el FAISMUN constituye una prueba fundamental para la nueva etapa de evaluación. Durante el periodo del CONEVAL no solamente se revisaba cuánto presupuesto se ejercía o cuántas obras se realizaban. También se analizaban la población potencial, objetivo y atendida; la localización de los proyectos; su relación con las carencias sociales y la calidad de los indicadores.
Los resultados mostraban problemas importantes. La matriz de indicadores del FAISMUN correspondiente a 2024 contenía 22 indicadores y recibió una valoración moderada. Algunos presentaban debilidades de relevancia o inconsistencias entre sus metas, líneas base y sentido esperado. Además, la ausencia de información completa sobre metas planeadas y alcanzadas en los niveles de fin, propósito y componentes impedía valorar adecuadamente su cumplimiento.
El problema del FAISMUN nunca fue únicamente conocer cuánto dinero se gastaba o cuántas calles, redes de agua o viviendas se construían. La verdadera pregunta era si esas obras funcionaban, llegaban a quienes más las necesitaban y reducían las carencias que justificaron su financiamiento.
La experiencia municipal que no logró consolidarse
El CONEVAL también impulsó evaluaciones piloto de los fondos del Ramo 33. En 2015 se analizó el FAIS en seis municipios de Zacatecas derivado de este ejercicio se identificó debilidades en la documentación, falta de criterios estandarizados para priorizar obras, información insuficiente sobre las carencias por comunidad y una elevada rotación de personal que provocaba pérdida de archivos y conocimientos institucionales.
No existe una explicación única sobre por qué estos ejercicios no se convirtieron en un sistema nacional de evaluación municipal. La evidencia, sin embargo, permite identificar varias restricciones: los pilotos dependían de convenios y de la voluntad de los gobiernos locales; las capacidades técnicas municipales eran profundamente desiguales; muchas administraciones carecían de unidades de evaluación, personal especializado, líneas base, padrones confiables y registros georreferenciados.
A ello se sumaban administraciones municipales de apenas tres años, cambios constantes de personal y una cultura institucional orientada principalmente a comprobar el gasto. El esquema no fracasó necesariamente por su diseño. Su principal limitación fue que nunca se convirtió en una política nacional permanente y obligatoria para fortalecer las capacidades municipales.
¿Qué debe hacerse?
El INEGI cuenta con autonomía constitucional, infraestructura estadística, presencia territorial y experiencia para integrar censos, encuestas y registros administrativos. Además, en abril de 2026 presentó su Modelo de Evaluación Integral de la Política de Desarrollo Social, basado en tres dimensiones: diseño, implementación y resultados. La propuesta busca complementar la evaluación programática de Hacienda mediante una perspectiva sistémica que analice la contribución conjunta de las intervenciones sociales.
Su alcance dependerá, sin embargo de algunos aspectos importantes: preservar la continuidad de metodologías e indicadores construidos durante la etapa del CONEVAL. También establecer mecanismos permanentes de coordinación entre las diferentes instituciones —INEGI, Hacienda, Bienestar, la ASF, los estados y los municipios—. Y lo mas importante construir una verdadera evaluación territorial. La medición municipal de pobreza se realiza cada cinco años, periodo útil para observar transformaciones estructurales, pero insuficiente para orientar las decisiones anuales de los ayuntamientos. Se requieren indicadores intermedios sobre cobertura, calidad, funcionamiento y población atendida.
Y finalmente volver a considerar al FAISMUN como laboratorio de evaluación. No es necesario evaluar exhaustivamente cada obra, pero sí realizar evaluaciones anuales basadas en riesgos, muestras rotatorias de municipios y estudios temáticos que permitan detectar patrones, corregir reglas y transferir buenas prácticas.
El reto posterior al CONEVAL no es exclusivamente institucional. Consiste en evitar que la evaluación quede reducida a una suma de indicadores, reportes trimestrales y comprobaciones presupuestarias. El INEGI tiene la capacidad técnica para construir una nueva etapa, pero necesitará coordinación, recursos, presencia territorial y mecanismos que obliguen a responder a sus hallazgos.
La evaluación no debe demostrar solamente que el gobierno hizo algo. Su propósito esencial es determinar si aquello que hizo funcionó, llegó a quienes más lo necesitaban y mejoró efectivamente las condiciones de vida de la población..
Análisis de especialistas del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, PUED-UNAM, son presentados a nuestros lectores cada 15 días en un espacio que coordina Enrique Provencio.
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