Mediante un comunicado, la Fiscalía General de la República, afirmó que la detención e investigaciones de Ernesto Ruffo Appel, ex gobernador de Baja Carlifonia, se sustentan en invesigaciones, integradas por 96 datos de prueba, por su participación con la red de contrabando hidrocarburos realizada por vías férreas, y no con una persecusión política como s eha afirmado.
En su posicionamento, la Fiscalía precisa que la investigación evolucionó del hallazgo de ferrotanques aparentemente abandonados en Ramos Arizpe y potencialmente peligrosos para la población y para la seguridad industrial, debido a las altas temperaturas, hasta la identificación de una estructura empresarial con capacidad de importación de hidrocarburos, operación ferroviaria especializada y una red logística de alcance interestatal.
“La Fiscalía General de la República reitera que dichas investigaciones son totalmente apegadas a derecho, sin ningún sesgo de otra índole, respetándose en todo momento el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos de las personas imputadas”, se afirma.
El informe señala que la investigación por el hallazgo de los ferrotanquesse amplió hacia el análisis de la cadena logística completa del producto; como resultado de estas diligencias, se identificaron otros ferrotanques relacionados con la misma operación en San Luis Potosí y Nuevo Laredo.
Así, como resultado del análisis de pedimentos, facturas, cartas porte, información ferroviaria y documentación corporativa permitió identificar a la importadora principal, una sociedad constituida en agosto de 2018 en la Ciudad de México de la cual se identifico la responsbailidad de José “N” y dos personas morales.
Dos meses después de su constitución, en una asamblea celebrada en octubre de 2018, Ernesto “N” inició su participación dentro de la estructura societaria, mediante su incorporación al capital variable de la empresa. De acuerdo con la investigación, para 2021, ya figuraba como accionista y fue designado Secretario del Consejo de Administración, participando junto con José “N” en la conducción, representación legal y toma de decisiones estratégicas de la sociedad.
Paralelamente, se identificó que, durante los años siguientes, la empresa amplió su objeto social para incluir actividades directamente relacionadas con el almacenamiento, importación, exportación, transporte y manejo de hidrocarburos, así como la operación de terminales ferroviarias y servicios auxiliares vinculados al sector energético, elementos que posteriormente adquirieron relevancia dentro de la investigación, se destaca.
Se expusó que, hasta este momento 96 datos de prueba entre los que destacan dictámenes periciales en química, para determinar la naturaleza y características de los hidrocarburos asegurados; dictámenes en ingeniería mecánica y eléctrica, para establecer la capacidad real de los ferrotanques y los volúmenes efectivamente transportados; dictámenes en fotografía, para documentar técnicamente los hallazgos y actos de investigación realizados; dictámenes en criminalística, orientados a la fijación, preservación, análisis y correlación de los indicios localizados; y dictámenes de identificación, para conocer el tipo de hidrocarburo, ya sea gasolina o diésel.
La Fiscalía da razón de que se ha imputado un perjuicio fiscal de más de 100 millones de pesos derivado del contrabando realizado mediante 170 ferrotanques asegurados en julio de 2025, además la Agencia Nacional de Aduanas y el Servicio de Administración Tributaria logró establecer la reiteración de más de cuatro mil operaciones irregulares durante el primer semestre de ese año, lo que podría ascender a más de cuatro mil millones de pesos de daño patrimonial a la nación.