A 11 meses para la celebración de las elecciones intermedias en México, el Instituto Nacional Electoral (INE), en coordinación con instancias de inteligencia, seguridad y bancarias, ya evalúan las herramientas de las que echará mano para fiscalizar las candidaturas de aspirantes de los ocho partidos con registro nacional. El objetivo, detectar el ingreso de dinero de procedencia ilícita y la intromisión de grupos criminales en las campañas, por lo que el órgano electoral se suma así a países como Colombia, Brasil, Perú, Francia y Estados Unidos, que desde hace décadas vigilan que el narco y organizaciones con antecedentes criminales no interfieran en la elección de sus nuevas autoridades.
El INE ya analiza la forma en que procederá para vigilar la transparencia en el desarrollo de precampañas y campañas, donde la lupa del monitoreo estará centrado en las auditoría bancarias, cruzamiento de datos, identificación de prestanombres y rastreo y verificación de posibles empresas fantasma, inspección de actos masivos, supervisión en entregas de despensas, inyección de dinero no contabilizado y detección de zonas de coacción por parte de grupos criminales en favor de algún candidato.
Para cumplir con estas acciones, el árbitro electoral contará con apoyo de mecanismos técnicos, financieros y de inteligencia en colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda (UIF), para fiscalizar las más de 40 mil candidaturas a puestos de elección popular a nivel federal, estatal y municipal.
Aunque algunos de los grupos políticos ya iniciaron su etapa de precampaña de forma adelantada, al disfrazar éstas con presuntos foros o encuestas para elegir a sus futuros candidatos, la fiscalización de los aspirantes a un puesto de elección popular se pondrá en marcha de manera oficial por parte del órgano electoral a partir de septiembre, para detectar posibles eventos anticipados de campaña.
Vigilancia
De acuerdo con el programa operativo del INE, la fiscalización de candidatos de todos los partidos se pondrá en marcha a partir de la primera semana de septiembre próximo, cuando arranca oficialmente el Proceso Electoral Federal 2026-2027 y desde ese momento la vigilancia y monitoreo será rigurosa y cotidiana sobre todos los ingresos y gastos ordinarios o preelectorales de los grupos políticos y sus posibles abanderados.
Sin embargo, la fiscalización de candidatos con un enfoque más intenso iniciará con el banderazo formal de las precampañas, previstas para diciembre próximo y el monitoreo se reforzará con las campañas a partir de marzo del 2027.
Además de la UIF quienes también se meterían de lleno a esta misión de fiscalización son la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con la supervisión en el flujo de transferencias bancarias .
Otro organismo es la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al auditar todos los fondos públicos asignados a los partidos políticos, a ésta se suma la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FISEL), que tendrá una participación directa en la investigación y sanciones penales por financiamiento ilegal o desvío de recursos públicos hacia campañas.
Países
El árbitro electoral anticipó que aunque no tendrá la autoridad para impedir que un partido político postule a algún aspirante a puesto de elección popular con algún nivel que pueda ser calificado de riesgoso, si podrá emitir la alerta para que el grupo político que lo respalda tome la que considere la última decisión, incluida la de mandar la lista de personajes con intención de ser investigados.
El INE con esta tarea de fiscalización de candidaturas se suma a países donde la vigilancia en las aportaciones a partidos y candidatos de manera ilícita es una constante, como en Colombia, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), rastrean los ingresos a través del operativo “Cuentas Claras”, para detectar lavado de dinero y aportes del narcotráfico.
Colombia comenzó a formalizar la revisión y control de la financiación de campañas con la Constitución de 1991 y la Ley 130 de 1994, un marco que se endureció tras el escándalo del Proceso 8000 en 1995, cuando se abrió una investigación por financiación ilícita de la campaña presidencial de Ernesto Samper por parte del Cártel de Cali. El nombre proviene del número de radicación del expediente abierto en la Fiscalía General de la Nación.
Los motivos principales para implementar estos controles fueron evitar el narcotráfico y la corrupción, frenar la infiltración de dineros ilícitos y de procedencia no declarada en la política. Además, es obligatorio que partidos y candidatos rindan cuentas e informes de ingresos y gastos ante el CNE.
Rastreo
Brasil es otra nación donde la fiscalización de partidos y candidatos es una realidad, donde el Tribunal Superior Electoral (TSE), en coordinación con la COAF, monitorea en tiempo real los gastos de campaña mediante cruces de datos para rastrear dinero no declarado (caixa dois).
El gobierno y el poder judicial de Brasil comenzaron a revisar y endurecer la fiscalización del financiamiento de campañas a partir de 1993 y 1995 (tras el escándalo de corrupción de Fernando Collor de Mello), proceso que culminó en 2015 cuando el Supremo Tribunal Federal prohibió definitivamente las donaciones de empresas privadas.
En esta línea se suma Perú, que a través de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), vigila de manera obligada la inyección financiera a partidos y aspirantes a puesto de elección popular, y sanciona a los banco que omitan información de apoyos de procedencia dudosa o ilícita.
Perú comenzó a fiscalizar los aportes y gastos de campaña con la Ley Orgánica de Elecciones de 1997, perfeccionada en 2003 con la Ley de Partidos Políticos (Ley 28094) que otorgó facultades de revisión a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Los principales motivos son prevenir la penetración del narco, la minería ilegal y el lavado de dinero en la política, exigir cuentas claras sobre el origen del dinero e identificar fondos ilegales o no declarados por partidos y candidatos.
Estados Unidos no podía faltar, y es que a través de la Comisión Federal de Elecciones (FEC), vigila los límites de aportación y prohíbe el dinero extranjero, mientras que la FinCEN del Departamento del Tesoro, rastrea el flujo de capitales ilícitos hacia los Super PACs o comités de acción política.
Watergate
Washington comenzó a fiscalizar y regular de forma estricta las finanzas de las candidaturas federales en 1972 tras la entrada en vigor de la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA, por sus siglas en inglés). Posteriormente, el sistema de fiscalización se formalizó por completo en 1974 y 1975 con la creación de la Comisión Federal de Elecciones (Federal Election Commission, FEC).
Washington comenzó a regular el financiamiento de forma rigurosa a partir de 1971 con la aprobación de la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA). Sin embargo, el sistema integral de fiscalización tal como opera actualmente se estableció formalmente en 1974 mediante enmiendas a dicha ley a raíz del escándalo Watergate, las cuales crearon la Comisión Federal Electoral (FEC) para supervisar, auditar y transparentar todos los ingresos y gastos de partidos y candidatos.
En esta misma línea se suma Francia, que a través de la Comisión Nacional de Cuentas de Campaña (CNCCFP), audita de manera rigurosa cada euro gastado en los partidos y candidatos, prohíbe donaciones en efectivo que superen montos mínimos y cualquier financiamiento de personas morales privadas.
Francia comenzó a supervisar con rigor el financiamiento de candidatos y partidos a partir de 1988, pero se consolidó en 1990 con la creación de la Comisión Nacional de Cuentas de Campaña y de Financiaciones Políticas (CNCCFP). El motivo fueron los escándalos de financiamiento ilícito por corrupción en los años 80 en donde quedo expuesto que empresas financiaban campañas a cambio de favores o contratos públicos.
La fiscalización de candidaturas y partidos en México se puso en marcha con la reforma electoral de 1993, cuando se obligó a reportar el origen de los recursos, pero se consolidó en 1996 al dar prioridad al financiamiento público y se centralizó totalmente en el INE con la reforma de 2014. Sin embargo, debido a denuncias de intromisión de grupos criminales con aportaciones financieras como acarreo de potenciales votantes y entrega de despensas a cambio de apoyar a algún candidato.