La investigadora Paola Castillo Juárez, profesora de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) del instituto Politécnico Nacional (IPN), enfrenta señalamientos por presuntamente registrar a su nombre una invención desarrollada con recursos públicos y posteriormente comercializar parte de los derechos de esa tecnología con un particular.
El caso se remonta a 2021, cuando el IPN anunció el desarrollo de un medicamento peptídico con potencial para el tratamiento del COVID-19. En ese momento, el Insituto destacó el trabajo encabezado por Castillo Juárez como uno de los proyectos científicos más prometedores surgidos durante la emergencia sanitaria y señaló que el desarrollo representaba un avancfed importante para la investigación biométrica en México.
De acuerdo con la constancia oficial emitida por la Dirección de investigación del IPN, con folio DI/DOPI/160120211504, la doctora fungió como directora del proyecto “Desarrollo de péptidos antivirales dirigidos al tratamiento de COVID-19”, registrado con la clave SIP 20211504. El documento establece que la investigación fue financiada en su totalidad por el Instituto Politécnico Nacional y concluyó con un avance del 100 por ciento. En ese contexto, la expectativa era que la propiedad intelectual derivada del proyecto fuera protegida por el propio Instituto, al tratarse de una investigación desarrollada con recursos públicos.
Sin embargo, la revisión de expedientes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), según la información difundida, muestra que la invención fue presentada mediante tres solicitudes de patente ingresadas en 2022, 2025 y 2026. En dichos documentos, Paola Castillo Juárez aparece como inventora independiente, sin que el Instituto Politécnico Nacional figure como titular de los derechos.
Los documentos también señalan que, una semana antes de ingresar la primera solicitud de patente, la investigadora había firmado un contrato privado con un parituclar identificado como Dimas Jiménez Mendoza.
De acuerdo con esta documentación, el convenio contempló la cesión del 50 por ciento de los derechos sobre la investigación a cambio de un pago destinado al apoyo para la investigación en desarrollo y funcionamiento del invento. La información sostiene que este acuerdo fue celebrado de manera privada, pese a que el proyecto científico había sido financiado completamente con recursos del IPN.
La información sostiene que este acuerdo fue celebrado de manera privada, pese a que el proyecto científico había sido financiado completamente con recursos del IPN.
Las normas internas del Instituto establecen que las invenciones generadas mediante proyectos financiados por la institución deben tramitarse a través de los mecanismos oficiales para garantizar que los derechos patrimoniales correspondan al propio Politécnico. Según los señalamientos, dicho procedimiento presuntamente no se siguió en este caso.Quienes hicieron públicos estos documentos consideran que no se trata de un error administrativo aislado, sino de una serie de acciones relacionadas con la propiedad intelectual del proyecto desarrolladas durante varios años. Asimismo, sostienen que corresponde a las autoridades competentes determinar si existió alguna irregularidad en el manejo de la patente y establecer, en su caso, las responsabilidades administrativas o penales que pudieran derivarse.
Entre las posibles figuras jurídicas mencionadas se encuentran el peculado, previsto en el artículo 223 del Código Penal Federal, y el uso ilícito de atribuciones y facultades, contemplado en el artículo 217 del mismo ordenamiento. No obstante, hasta el momento no existe una resolución judicial o administrativa firme que determine la existencia de algún delito, por lo que cualquier responsabilidad deberá definirse conforme a las investigaciones correspondientes y respetando el principio de presunción de inocencia.El caso ha despertado interés debido a que el medicamento fue presentado por el propio IPN como uno de los desarrollos científicos más relevantes durante la pandemia por COVID-19. En su momento, la institución resaltó el potencial del tratamiento para inhibir la infección por SARS-CoV-2 y reconoció el trabajo realizado por el equipo de investigación encabezado por Castillo Juárez.
Mientras este asunto continúa bajo el escrutinio público, Paola Castillo Juárez, también ha mantenido presencia en otros temas de la vida interna del Instituto Politécnico Nacional. Durante el actual paro estudiantil, la investigadora ha expresado públicamente su respaldo a las demandas de los alumnos, al señalar en redes sociales y espacios de discusión que la movilización es legítima y busca mejorar las condiciones académicas del IPN, además de rechazar que respondan a intereses políticos sindicales. La Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, donde se desempeña como jefa de Laboratorio de Virología, ha sido una de las unidades con mayor participación en el movimiento estudiantil. Hasta el momento, no existe información pública que relacione su postura respecto al paro con señalamientos sobre la patente.