La consulta pública sobre los lineamientos para garantizar el derecho de las audiencias desató otra confrontación política entre Morena y la oposición quien acusó al gobierno federal de implementar mecanismos de censura utilizados por regímenes autoritarios en Europa del Este, Venezuela, Nicaragua y Cuba.
“Ni a Victoriano Huerta se le ocurrían estas cosas…¡ son terribles! hay que leer la historia y ver que esto sucedió en Europa del Este, cuando una persona estaba revisando absolutamente todo lo que se decía en la radio, en la televisión de aquel tiempo, se escribía en la prensa y para publicar un libro hasta lo tenías que llevar al censor”, advirtió el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira
El priista alertó que “esto es lo que nos espera con Morena”. “Son una pandilla de fanáticos estalinistas que quieren traer a nuestro territorio a México la supresión de las libertades, y esto también va en las redes sociales, todos estos noticieros que uno ve en las redes sociales, todos estos espacios de libertad los quiere controlar Morena”, afirmó.
Moreira, calificó la consulta pública como una “farsa” y aseguró que el verdadero objetivo del proyecto es controlar los contenidos de los medios de comunicación.
PRI y PAN advirtieron que el documento contiene disposiciones ambiguas que podrían derivar en mecanismos de censura y afectar la libertad de expresión.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, señaló que existen disposiciones ambiguas que deben corregirse para impedir que la autoridad determine qué información puede considerarse falsa o descontextualizada, revise las resoluciones de las defensorías de las audiencias o imponga sanciones que terminen convirtiéndose en actos de censura.
“Existen disposiciones ambiguas que deben corregirse o precisarse para evitar riesgos a la libertad de expresión. Entre estos criterios se encuentran la posibilidad de que la autoridad determine qué información es falsa o descontextualizada, que revise las decisiones de las defensorías de las audiencias e incluso hasta se pretenden imponer sanciones, lo que claramente resultaría en muchas ocasiones en censura”, insistió
La respuesta de Morena llegó a través de su coordinador en el Senado, Ignacio Mier quien desestimó los señalamientos y recordó que se trata de un proyecto donde “todo es debatible”.
Sostuvo que por tratarse de una propuesta sometida a consulta pública no debe emitirse un juicio definitivo, pues durante los próximos 20 días podrán participar concesionarios, especialistas, académicos, medios de comunicación, organizaciones y ciudadanía para enriquecer el documento.
“No es la Biblia lo que se está consultando, es propuesta, van a ser veinte días que están invitados todos los que se dedican a los medios de comunicación (…) entonces hay que esperar a que termine esta consulta y tener ya un documento, incluso todavía puede ser debatido”,
Reconoció incluso que el proyecto puede requerir ajustes para evitar interpretaciones que limiten la libertad de expresión.
“Yo creo que sí”, respondió al ser cuestionado sobre la necesidad de hacer mayores precisiones, al tiempo que insistió en que el proceso de consulta demuestra la apertura del Gobierno para construir un mejor marco regulatorio.
El vocero de la bancada en San Lázaro, Arturo Ávila, rechazó los señalamientos de censura y sostuvo que la oposición ha construido un “falso debate”.
Explicó que los lineamientos únicamente buscan garantizar que las audiencias distingan entre información y opinión, identificar claramente los contenidos publicitarios, fortalecer el derecho de réplica y mejorar la accesibilidad para personas con discapacidad.
Ávila subrayó que el modelo propuesto descansa en un esquema de autorregulación, ya que cada medio designará a su propio defensor de las audiencias, quien será el encargado de recibir las quejas y emitir recomendaciones antes de cualquier procedimiento administrativo. “No hay censura; lo que se busca es ampliar los derechos de las audiencias”, afirmó.
El coordinador del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, consideró que la reglamentación simplemente desarrolla una legislación ya aprobada por el Congreso y negó que represente una amenaza para la libertad de expresión.
A su juicio, el verdadero desafío consiste en enfrentar la desinformación y elevar la responsabilidad de los medios sin recurrir a prohibiciones.