El Senado buscará tener lista en septiembre la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, pero sin apresurar el proceso legislativo, debido a que existen temas sensibles que requieren análisis jurídico y diálogo con especialistas, fiscales, defensoras y organizaciones de víctimas.
“ Sin prisas, pero sí antes del 25 de noviembre“, afirmó la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Micher Camarena y explicó que la prioridad será construir una ley eficaz y no aprobar una norma con inconsistencias que después dificulten su aplicación.
El calendario del Senado plantea que el análisis avance durante agosto y que el proyecto pueda estar encaminado para septiembre, con miras a contar con una legislación nacional antes del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
A su vez el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas celebró esta iniciativa pero advirtió que está condicionada al presupuesto ya aprobado, sin un solo peso adicional para este ejercicio fiscal lo que dejará sin efectividad esta reforma contra el feminicidio.
“Estamos hablando de obligaciones para crear fiscalías especializadas que necesitan de personal, necesitan de equipo, de centros de justicia para mujeres que hoy tienen cobertura desigual y cuyos procesos y atención estamos obligados a homologar y homogeneizar, juzgados especializados que aún no existen y muy importante, y esto lo digo con mucho énfasis, un registro de niñez en orfandad, que el día de hoy se le está cargando a un SIPINNA que la propia ONU ha señalado que debemos de impulsar, de fortalecer.
Porque una ley sin presupuesto difícilmente alcanza la efectividad que debiera”, advirtió
El eje principal de la reforma será establecer un tipo penal único de feminicidio en todo México, así como un protocolo nacional de investigación que obligue a todas las fiscalías a actuar bajo los mismos criterios y con perspectiva de género.
Micher explicó que uno de los puntos que más discusión generará será el relacionado con las penas, debido a que actualmente existen diferencias importantes entre los estados.
“Tenemos que analizar punto por punto. En algunos estados las penas son muy altas y en otros son diferentes; tenemos que encontrar un equilibrio que no reduzca los castigos existentes ni genere una disparidad injustificada”, señaló.
Como ejemplo, mencionó que en Chiapas existen condenas de hasta 100 años por feminicidio, mientras que en otras entidades se manejan sanciones distintas, por lo que será necesario revisar la estructura de penas y agravantes dentro de la nueva legislación general.
“Tenemos que irnos con calma, porque hay temas ahí que se van a tener que reflexionar. Dijéramos las sanciones, la reparación del daño, los tiempos, algunos de definiciones. Creo que es correcto, pero tenemos que llegar a buen puerto, no desviarnos del tema.
El tema –agregó--es prevenir, atender, investigar y sancionar el feminicidio. Yo sí creo que hay algunos temas que van a levantar cierta ampolla, cierta discusión, por eso hay que analizar punto por punto, muy bien, en definiciones.
La legisladora detalló que durante agosto se abrirá un proceso amplio de recepción de propuestas y consultas, mientras que el 18 de agosto se realizará una mesa nacional de diálogo en la que participarán especialistas, académicos, organizaciones civiles, instituciones públicas y colectivos de víctimas.
Posteriormente, las comisiones unidas del Senado analizarán las aportaciones recibidas con el objetivo de construir un dictamen que pueda ser discutido durante septiembre, cuando inicie el periodo ordinario de sesiones.
La senadora destacó que la iniciativa también deberá considerar la reparación integral del daño, los mecanismos de atención a las familias de las víctimas y la capacidad institucional para investigar estos delitos.
Uno de los principales argumentos para crear una ley nacional es terminar con las diferencias entre entidades federativas.
La propuesta busca que toda muerte violenta de una mujer sea investigada inicialmente bajo la perspectiva de feminicidio, con criterios uniformes para evitar omisiones, errores de clasificación y retrasos en las investigaciones.
Micher reconoció que habrá puntos polémicos durante la discusión, pero insistió en que el objetivo no es lograr unanimidad entre todos los sectores, sino preservar el espíritu de la ley.