Anomalías en más de 531 mil concesiones de agua, opacidad, acaparamiento que agota los acuíferos, simulación en el uso de títulos agrícolas y una alarmante t déficit de las fuentes de agua del país son parte de un escenario que se registra en México revela un monitoreo de especialistas de la Universidad Iberoamericana.
Basado en la recopilación masiva de datos del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA, el documento expone un diagnóstico crítico: la persistencia del acaparamiento de agua en manos de un reducido grupo de usuarios y la existencia de graves inconsistencias en los registros oficiales.
En dicho análisis, los investigadores identificaron que alrededor de 3,000 usuarios privados —menos del 1% del total de titulares de concesiones en el país, concentraban cerca de una quinta parte del agua concesionada para uso consuntivo, es decir, aquella que se explota, consume y deteriora.
En entrevista con CRONICA, el investigador del Instituto de Investigación Aplicada y Tecnología (INAT) de la IBERO, Antonio Gómez Arias, advierte sobre una serie de situaciones que se registran en las concesiones , transferencias o transmisiones de agua que se mantienen aún con la nueva Ley de Aguas Nacionales que se aprobó hace unos meses por el Congreso de la Unión pues se dejó intacta la estructura legal del sistema de concesiones, que es el acaparamiento.
Uno de esos hallazgos que se han detectado es la simulación en el uso del agua pues muchas veces se tiene registrada como uso agrícola con lo que no se paga o el costo del líquido es muy bajo pero en realidad se utiliza por inmobiliarias u otras actividades donde el costo del agua es mucho más elevado.
“¿Qué es lo que tiene de importante el agua de uso agrícola para muchas empresas o muchos usuarios privado? que no pagas por el agua, ¿no? Entonces puedo especular con ella para venderla al mejor postor para algún desarrollo inmobiliario, algún fraccionamiento…”, alerta el especialista
El estudio, titulado “Monitoreo y Transparencia en el Uso del Agua en México: Un estudio de concesiones y riesgos por acaparamiento (2019-2024)”, integra millones de registros oficiales para identificar anomalías, detectar posibles riesgos de concentración del recurso hídrico y generar herramientas que fortalezcan la transparencia y la justicia hídrica.
El proyecto fue encabezado por los investigadores de la IBERO, Wilfrido Antoniio Gómez-Arias, Francisco Betancourt y Natalia D’Angelo, así como con Guadalupe Azuara García, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y Andrea Moctezuma, investigadora independiente.
Dicha investigación retoma y amplía los hallazgos de los estudios “Los Millonarios del Agua” y del “Índice de Riesgo por Acaparamiento del Agua” con lo cual se logró monitorear el comportamiento de las concesiones otorgadas en México, detectar inconsistencias administrativas y priorizar las regiones donde existen mayores riesgos de concentración del recurso.
Entre los hallazgos se detectó más de 531 mil concesiones y mil 524 municipios con acaparamiento de agua.
Asimismo identifica mil 524 municipios con condiciones de acaparamiento.
De ese universo, 120 presentan un nivel muy alto, al registrar al menos una variable crítica asociada con la concentración del recurso.
El estudio también reporta que 383 municipios presentan tres variables críticas; 514, dos; y 507, una variable de riesgo.
A partir de estos resultados, el equipo desarrolla un Índice de Riesgo por Acaparamiento del Agua, una herramienta que evalúa tanto el nivel de concentración de las concesiones como la
Encontraron que esos 531 mil títulos de concesiones están repartidos entre 361 mil 600 usuarios.
En estos estudios, los investigadores han detectado que 6 mil 246 usuarios usan más de un millón de metros cúbicos de agua al año. Esa cantidad de agua equivale a lo que cabría en el Estadio Azteca, la misma que cubriría las necesidades de 27 mil personas.
De ahí, encontraron que 3 mil 304 usuarios responden a intereses propiamente privados y con fines lucrativo, es decir, los millonarios del agua.
En este grupo se encuentran 966 empresas, mil 537 personas físicas y 800 asociaciones civiles, que al año tienen un consumo de agua del 22.3% de toda el agua concesionada en el país. Es decir, el 1.1% de todos los usuarios explota más de una quinta parte del recurso hídrico nacional.
Muchas de estas empresas, destaca el investigador de la IBERO, tienen problemáticas con las comunidades donde están instaladas por su impacto ambiental.
De hecho advierte que en 2020, de los 653 acuíferos del país, 115 estaban sobreexplotados, y en 99 de ellos habían millonarios del agua, impactando directamente en los acuíferos.
El académico advierte que el impacto de la concentración y sobreexplotación de agua refleja un deterioro acelerado en las reservas subterráneas y superficiales
De acuerdo con los datos oficiales analizados por el INIAT, en 1993 se registraban 193 acuíferos en déficit; para 2023 la cifra se elevó a 286 acuíferos en déficit.
Entre 2013 y 2023, 526 de los 653 acuíferos del país (80%) registraron una reducción en su disponibilidad.
Un comportamiento similar se observa en las cuencas hidrográficas, donde 426 presentan una clara tendencia a la baja en sus volúmenes disponibles.
A este panorama se suman los efectos del cambio climático y el aumento en las tasas de evapotranspiración, fenómenos que reducen la infiltración del agua de lluvia en los suelos secos o compactados.
Respecto a los cambios legislativos recientes a la Ley de Aguas Nacionales, el especialista consideró que se trata de medidas paliativas o “curitas” que no modifican la estructura de fondo del sistema de concesiones instaurado en el periodo neoliberal.
“Si no cambias el sistema de concesiones, la tendencia de la disponibilidad en acuíferos y cuencas va a seguir a la baja”, advirtió