La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, hizo un llamado a las y los ciudadanos a participar en la consulta pública los lineamientos para la protección de audiencias (debido a que se trata de una decisión de gran trascendencia para la democracia mexicana), ya que con ello se defiende la libertad de expresión, la pluralidad informativa y la autonomía editorial.
“Estamos ante una regulación de alta relevancia para la vida democrática, porque involucra simultáneamente el derecho de las audiencias y la libertad de expresión y de prensa”, subrayó.
La consulta permanecerá abierta hasta el 21 de agosto y puede verificarse directamente en el portal de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
La diputada presidenta consideró necesario que entre los aspectos que deben revisarse con sumo cuidado se encuentra —en primer lugar— el uso de conceptos amplios como “información falsa”, “descontextualizada”, “veraz” u “oportuna”.
“Sin definiciones objetivas y precisas, estos términos podrían permitir que una autoridad administrativa revise contenidos periodísticos y que una diferencia respecto de la versión oficial termine con una sanción”, expuso.
En segundo lugar, dijo, deben aclararse las atribuciones de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, ante la intención de que sea esta autoridad la que revise la actuación de los Defensores de las Audiencias, “lo cual, por supuesto, iría más allá de lo establecido en la Constitución y en la ley”.
En tercer lugar, abundó, las reglas deben dar certeza a los ciudadanos y a los medios de comunicación, sobre las sanciones, los procedimientos y los criterios que determinarán las multas.
“No puede ser este tema un inhibidor de la libertad expresión. Defender los derechos de las audiencias es una obligación constitucional, pero esa protección debe fortalecer —nunca debe debilitar— la libertad de expresión, la pluralidad informativa y la autonomía editorial”, alertó.
Por lo anterior, llamó a la ciudadanía, a las audiencias, a las organizaciones de la sociedad civil, a las universidades, a los académicos, investigadores y especialistas; a periodistas, comunicadores, concesionarios, programadores y personas defensoras de las audiencias; así como a todos los sectores interesados, para que conozcan el proyecto, lo analicen y hagan llegar sus observaciones.