Mientras el grupo político encabezado por la hoy senadora del PVEM Maki Ortiz y su hijo, el actual alcalde Carlos Peña Ortiz, ha negado reiteradamente cualquier vínculo con Sergio Carmona Angulo, contratos adjudicados a empresas relacionadas con el llamado “Rey del Huachicol” desaparecieron de los portales de transparencia del Ayuntamiento de Reynosa.
Una investigación realizada por este medio confirmó que los contratos del Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes (IRCA), correspondientes al ejercicio 2018, dejaron de estar disponibles para consulta en los portales oficiales de transparencia, pese a formar parte de la información pública que, por ley, debe permanecer accesible para el escrutinio ciudadano.
Maki Esther Ortiz -quien encabeza un grupo político que nació de la mano del ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y con el que rompió- gobernó Reynosa de 2016 a 2021 y su hijo Carlos Peña Ortiz gobierna este municipio fronterizo desde 2021 a la fecha.
Ella reconoció públicamente la relación entre el IRCA y una de las empresas de la red Carmona. El 26 de noviembre de 2021, cuatro días después del asesinato del empresario, escribió en su cuenta de Twitter, hoy X:
“La relación que mencionan con la empresa Permart la tuvo el IRCA, organismo descentralizado del municipio con autonomía jurídica y patrimonio propio”.
Los padrones de proveedores del IRCA correspondientes a 2018, 2019 y 2020 ya no pueden consultarse en los sitios destinados a transparentar esa información, pues los enlaces aparecen rotos. La Junta Directiva del organismo es presidida por el presidente municipal de Reynosa en turno.
Sin embargo, los padrones de proveedores del IRCA correspondientes a los ejercicios 2021 y 2023 —obtenidos por este medio mediante la Plataforma Nacional de Transparencia— confirman que la relación del organismo municipal con empresas ligadas al entorno de “El Rey del Huachicol” se mantuvo durante esos años.
Entre los expedientes que ya no pueden consultarse figura el contrato IRCA/007/CON2018, adjudicado a Servicios Industriales SIGSA, S.A. de C.V., cuyo representante legal era Nadia Virginia Grajeda Castro, quien aparece en documentos mercantiles como representante de diversas sociedades relacionadas con Sergio Carmona Angulo.
El contrato, por 347 mil 822 pesos, correspondió a trabajos de habilitación y equipamiento del edificio anexo del IRCA Longoria y fue asignado mediante un procedimiento de invitación restringida a tres participantes.
En ese mismo procedimiento participaron Grupo Industrial PERMART, S.A. de C.V., vinculada a Julio César Carmona Angulo, y Grupo Industrial JOSER, S.A. de C.V., cuyo representante legal era Carlos Alejandro Romero Guerra, quien aparece como socio de Sergio Carmona Angulo en documentación corporativa.
De acuerdo con documentos de referencia obtenidos por este medio de funcionarios del Ayuntamiento de Reynosa y del propio IRCA, quienes solicitaron mantener el anonimato, el mismo esquema se repitió en los contratos IRCA/006/CON2018, IRCA/009/CON2018 e IRCA/010/CON2018, todos adjudicados a empresas vinculadas entre sí mediante representantes legales, socios y documentación corporativa común.
Los tres contratos, por un monto conjunto de 777 mil 355 pesos con 42 centavos, fueron adjudicados a Grupo Industrial PERMART, S.A. de C.V. En los procedimientos participaron nuevamente Grupo Industrial JOSER, S.A. de C.V., y Servicios Industriales SIGSA, S.A. de C.V., como empresas invitadas para prestar servicios de mejora y mantenimiento en instalaciones del IRCA.
La revisión de actas constitutivas, registros mercantiles y documentos corporativos muestra que las empresas mantenían vínculos societarios y administrativos entre sí. Compartían representantes legales, personas relacionadas con su constitución y, en algunos casos, los mismos fedatarios públicos, lo que perfila un posible esquema de competencia simulada.
La búsqueda de la documentación oficial permitió establecer que los anexos de las auditorías, donde se detallaban las observaciones relacionadas con documentos presentados “sin certificar”, tampoco pudieron localizarse. Las cuentas públicas y los estados del gasto correspondientes a esos ejercicios fueron recuperados mediante herramientas de archivado digital que permitieron rescatar enlaces actualmente inactivos.
La desaparición de los contratos resulta especialmente relevante porque la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la legislación estatal y los Lineamientos del Sistema Nacional de Transparencia obligan a los municipios y organismos descentralizados a mantener disponible la información relacionada con contrataciones, proveedores y ejercicio del gasto público.
La red empresarial de los hermanos Sergio y Julio César Carmona Angulo, que obtuvo contratos del gobierno municipal de Reynosa durante la administración de Maki Ortiz, cobró notoriedad nacional tras el asesinato de Sergio, ocurrido el 22 de noviembre de 2021 en un establecimiento de San Pedro Garza García, Nuevo León.
El empresario era señalado públicamente como presunto operador de una red dedicada al tráfico ilegal de hidrocarburos. Tras su muerte, diversas investigaciones periodísticas y ministeriales comenzaron a revisar los contratos obtenidos por empresas vinculadas a su entorno, así como sus presuntas relaciones con actores políticos y funcionarios públicos.
Después del asesinato de Sergio Carmona, su hermano Julio César Carmona Angulo se retiró de la vida pública. Diversas publicaciones periodísticas sostienen que solicitó protección a autoridades de Estados Unidos.
Nadia Virginia Grajeda Castro fue detenida en Reynosa en mayo de 2022. Días después obtuvo un amparo mediante el cual un juez federal ordenó su inmediata liberación, al considerar que la autoridad no acreditó legalmente su detención. La resolución no constituyó un pronunciamiento sobre el fondo de posibles investigaciones en su contra.
La huella de las auditorías
La desaparición de los contratos coincide con un contexto de observaciones millonarias formuladas por la Auditoría Superior del Estado al manejo financiero del Ayuntamiento de Reynosa durante los mismos ejercicios fiscales correspondientes a la administración de Maki Ortiz.
Aunque los expedientes originales ya no pueden consultarse, auditorías oficiales, estados financieros, registros mercantiles y documentos presupuestales permiten reconstruir la ruta de los recursos públicos ejercidos durante ese periodo.
En la revisión del ejercicio fiscal 2018, el órgano fiscalizador determinó observaciones por 176.8 millones de pesos. Para 2019, el monto ascendió a 495.7 millones, lo que representa un total superior a 672 millones de pesos.
Los informes también señalan que, durante el proceso de solventación, el Ayuntamiento presentó documentación sin la certificación correspondiente, circunstancia que impidió validar plenamente las aclaraciones entregadas.
Los estados financieros fueron suscritos bajo protesta de decir verdad por la entonces presidenta municipal Maki Esther Ortiz Domínguez, así como por las personas titulares de la Tesorería, la Sindicatura y la Contraloría municipales.
Paralelamente, el Ayuntamiento mantenía una deuda superior a 143 millones de pesos con Banorte, respaldada con participaciones federales, de acuerdo con los reportes oficiales de deuda pública correspondientes a 2018.
Mientras esos expedientes permanecen fuera del alcance de la consulta pública, la información oficial aún disponible permite reconstruir la ruta de las contrataciones, identificar a las empresas participantes y documentar las observaciones formuladas por la Auditoría Superior del Estado.