La Consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, calificó como una “campaña de desinformación” diversos comentarios que han circulado en medios de comunicación dónde se asegura que los nuevos lineamientos propuestos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones buscan crear una ola de censura para evitar comentarios en contra del gobierno.
La funcionaria explicó que estas versiones son incorrectas, en primer lugar porque los lineamientos actualmente se encuentran bajo consulta pública, aún no se han publicado en el Diario Oficial de la Federación y están abiertos tanto a la ciudadanía como a las concesionarias de medios.
En segundo lugar, el objetivo de impulsar esta iniciativa, aseguró, es proteger el derecho constitucional de las audiencias a recibir información veraz y plural, descartando cualquier intento de censura o control estatal sobre los contenidos, pues recordó, los lineamientos retoman lo que se establece en la reforma constitucional en telecomunicaciones de 2013.
“No son conceptos nuevos, se trata de lo que establece la ley”, explicó.
Alcalde precisó que los mecanismos de control no serán operados por el gobierno sino por las propias empresas concesionarias de comunicación, que se encargará de emitir y vigilar sus propios códigos de ética para garantizar información verificada.
“Los lineamientos no hablan en ningún caso de que se sancione contenidos, de que sea el Estado el que determine qué es verdad, qué no es verdad. No es el caso. Son los propios medios de comunicación los que tienen la obligación de emitir códigos de ética y que en estos códigos de ética establezcan cómo van a garantizar que la información sea veraz, es decir, que sea información verificada, que no sea información falsa”, apuntó.
Del mismo modo, las empresas deberán nombrar a un defensor de audiencias, responsable de recibir y procesar las quejas de la ciudadanía.
Destacó que la intervención de la autoridad reguladora se limitará de forma estricta a casos de incumplimiento administrativo, tales como no publicar el código de ética, omitir el nombramiento del defensor o no contar con un canal para recibir quejas de los usuarios.