La Presidenta Claudia Sheinbaum firmó el decreto que modifica la forma en que se transparenta la información generada por el gobierno federal, acotando el resguardo exclusivamente a datos bajo procesos judiciales o de seguridad nacional aunado a que los contratos de la federación dejarán de difundirse trimestralmente y ahora se publicarán de manera mensual.
El decreto se genera derivado de lo establecido en el artículo sexto constitucional, en el que se resalta lo siguiente: “toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional en los términos que fijen las leyes”.
La titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, dio a conocer el contenido de este decreto en materia de transparencia, cuyo objetivo es consolidar el principio constitucional de máxima publicidad y garantizar un acceso oportuno a la información pública.
De acuerdo con la funcionaria, el decreto está orientado a cuatro áreas principales: primero, los contratos del gobierno federal dejarán de difundirse trimestralmente y ahora se publicarán de manera mensual; segundo, se transparentarán los estados financieros de las filiales de Pemex y la CFE, incluyendo informes ante agencias extranjeras, políticas de operación, contratos y gobierno corporativo; tercero, se difundirán las estadísticas del Programa Manual de Fiscalización, el estatus de las auditorías, el seguimiento a observaciones y el padrón de despachos de auditores externos; y cuarto, se convoca formalmente a todos los poderes de la Unión y a los distintos niveles de gobierno a sumarse a este principio de máxima publicidad para agilizar y transparentar toda la actuación pública.
En seguimiento a esto, se realizará una simplificación del actual catálogo de reservas con el fin de eliminar criterios ambiguos y enfocarse estrictamente en el Interés Público y la Seguridad Nacional. Se dará prioridad a que la información reservada no solo sea temporal, sino que también se divulgue mediante versiones públicas; de este modo, se restringirá únicamente el dato sensible, de preferencia cuando coincidan criterios de Interés Público y Seguridad Nacional.
Raquel Buenrostro señaló que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno recibió la plataforma que pertenecía al INAI, un portal de transparencia que, apuntó, permanecía caído la mayor parte del tiempo, pero que ha sido estabilizado en la presente administración para garantizar un acceso oportuno. Destacó que, a más tardar en 30 días hábiles, se incorporará más información de interés público a esta plataforma.
Al respecto, y bajo los señalamientos de la mandataria nacional, se enfatizó que, a diferencia del INAI —que representaba un gasto superior a los mil millones de pesos anuales—, ahora la determinación de lo que se hace público no dependerá del criterio de los funcionarios, sino de un lineamiento específico.
Finalmente, Sheinbaum especificó que, para el inicio de sesiones del Congreso, se integrará este decreto a la Ley General de Transparencia para blindar el acceso a la información.