Gabriela Jiménez Godoy, vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, destacó que México necesita dejar atrás la fragmentación jurídica que permite que un feminicidio sea investigado y sancionado de manera distinta dependiendo de la entidad donde ocurra.
Lo anterior lo señaló al reconocer la importancia de la Mesa de Diálogo que se realizará en el Senado de la República para analizar el proyecto de iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio.
La también secretaria de la Comisión de Puntos Constitucionales, consideró fundamental que la construcción de esta nueva legislación sea resultado de un diálogo amplio y plural, en el que tengan voz quienes han trabajado durante años en la defensa de los derechos de las mujeres y en la investigación de las violencias feminicidas.
Para ello, el Senado habilitó un micrositio mediante el cual se podrán presentar observaciones y propuestas al proyecto, así como realizar el registro de las personas interesadas en participar en la Mesa de Diálogo, prevista para el próximo 18 de agosto.
“Hay tiempo para participar, aportar y enriquecer una propuesta que puede transformar la manera en que el Estado mexicano previene, investiga y sanciona el feminicidio”, señaló.
Gabriela Jiménez señaló que el proceso legislativo requiere de una discusión amplia y técnicamente sustentada para que el proyecto pueda ser analizado, enriquecido y, en su caso, aprobado por el Senado de la República, antes de ser remitido como minuta a la Cámara de Diputados.
Explicó que, una vez que la iniciativa sea aprobada por la Cámara de Senadores, se prevé que la minuta sea recibida en San Lázaro hacia mediados de septiembre, donde será sometida al procedimiento legislativo correspondiente, con la intención de darle prioridad durante el próximo periodo ordinario de sesiones.
La legisladora hizo un llamado a todas las personas y sectores involucrados en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres a participar activamente en este proceso.
Consideró que la construcción de una Ley General en materia de feminicidio representa una oportunidad histórica para establecer obligaciones claras para las autoridades, homologar criterios de investigación y sanción, fortalecer la coordinación institucional y reducir los espacios de impunidad.
“La participación de quienes han estudiado, acompañado y enfrentado esta problemática durante años será fundamental para construir una legislación a la altura de las mujeres de México”, concluyó.