Un juez vinculó a proceso al ex gobernador de Guerrero, Ángel “N”, por el delito de desaparición forzada.
De acuerdo con las indagatorias, el exfuncionario ocultó información de alta relevancia relacionada con la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa.
En continuación de la audiencia inicial, que duró casi 14 horas, el juzgador escuchó los argumentos aportados por el agente del Ministerio Público de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó datos de prueba necesarios que establecieron la probable participación de Ángel “N” en el ocultamiento de los videos que pudieron haber registrado los hechos ocurridos en septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
Entre los datos de prueba que aportó la FGR se acredita que la instrucción para realizar dicho ocultamiento, fue girada de manera directa, dolosa y deliberadamente, por el entonces mandatario de la entidad, con la participación de servidores públicos estatales de primer nivel.
La defensa de Ángel “N” intentó desacreditar los señalamientos por la posible participación del imputado en los hechos, sin embargo, la autoridad judicial consideró que los argumentos presentados no eran objetivos y no podían comprobar que el exgobernador no se encontraba en el estado de Guerrero como se señaló para buscar desligarlo de lo acontecido.
El juez de control advirtió que los datos de prueba eran suficientes para dictar el auto de vinculación a proceso.
Posteriormente, el juzgador confirmó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el CEFERESO Número 1, “Altiplano”, y concedió cuatro meses de plazo para la investigación complementaria.
Evidencia contra Ángel Aguirre
De acuerdo con la investigación, uno de los elementos centrales es el material captado por las cámaras de videovigilancia ubicadas en el exterior del Palacio de Justicia de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando el autobús Estrella de Oro 1531, en el que viajaba un grupo de normalistas, fue detenido por policías municipales y estatales.
La Fiscalía recordó que durante los primeros años de la investigación se sostuvo oficialmente que esas videograbaciones no existían debido a presuntas fallas técnicas en el sistema de vigilancia.
Sin embargo, las diligencias posteriores, señaló la dependencia, permitieron establecer que esa versión era falsa y que las grabaciones sí existieron.
La FGR informó que en enero de 2026 una persona colaboradora declaró que las grabaciones sí fueron obtenidas y entregadas a quien posteriormente las sustrajo para hacerlas llegar directamente a Ángel Aguirre. El mismo testimonio indicó que durante años guardó silencio debido a amenazas.
Posteriormente, en mayo de este año, un segundo testigo protegido reforzó esa versión al declarar que el entonces gobernador habría ordenado, durante una reunión con mandos de primer nivel, desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia.
La Fiscalía sostuvo que cuenta con diversos elementos de prueba que apuntan a que la instrucción para ocultar ese material habría sido emitida directamente por el entonces gobernador con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel.
Estos datos permiten sostener que el ocultamiento de las videograbaciones no fue una omisión o un error técnico, sino una acción deliberada organizada desde la estructura del Poder Ejecutivo estatal.