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La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones anunció que las 32 entidades del país homologarán requisitos y soluciones digitales con gobernanza regulatoria, infraestructura tecnológica y ciberseguridad

Estados del país unificarán 300 trámites para reducir proceso burocrático y combatir la corrupción

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones informó que en acuerdo con los 32 estados del país se homologarán 300 trámites para reducir cargas burocráticas La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones informó que en acuerdo con los 32 estados del país se homologarán 300 trámites para reducir cargas burocráticas (Giovanna Morales Gómez )

Agencia de Transformación Digital — El secretario de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, informó que la Federación y los gobiernos estatales acordaron homologar 300 trámites y sus requisitos con el objetivo de reducir cargas burocráticas, evitar discrecionalidad y facilitar el acceso de ciudadanos y empresas a servicios públicos.

Durante el Primer Encuentro Nacional de Autoridades de Simplificación y Digitalización, Peña Merino explicó que el acuerdo contempla la creación de un catálogo único de 300 trámites para las entidades federativas, en el que se compartirán los procedimientos, sus requisitos y, cuando exista, la solución tecnológica para realizarlos de manera digital.

El funcionario destacó que los estados conservarán sus atribuciones para determinar los trámites que les corresponden, pero la homologación permitirá que los procedimientos incluidos en el catálogo y sus requisitos sean iguales entre las entidades.

“Somos habilitadores de derechos”, expresó Peña Merino al resaltar que las barreras burocráticas dificultan el acceso de las personas a servicios relacionados con salud, educación, empleo, financiamiento, propiedad y certeza jurídica.

Detalló que la digitalización no debe limitarse a trasladar los trámites a internet, pues al utilizar la tecnología para modificar la relación entre las personas y el Estado, elimina barreras y reduce desventajas.

HOMOLOGACIÓN

El secretario mencionó que la homologación puede contribuir a combatir actos de corrupción al reducir los espacios de discrecionalidad en las ventanillas. Comentó que, cuando una persona debe acudir a realizar un trámite, pueden existir casos en los que un servidor público solicite requisitos que no están contemplados en la norma.

“Parte del beneficio de generar un esquema nacional coordinado con las entidades de homologación de trámites y de requisitos garantiza que no te pidan cosas que no son indispensables para la realización del trámite y que, en todo caso, te pidan lo mismo en todos lados”, afirmó.

Peña Merino aclaró que simplificar o eliminar trámites no implica eliminar la regulación, sino optimizar los procesos. Como ejemplo, planteó que si cuatro procedimientos relacionados con agua o construcción comparten la mayoría de sus requisitos, pueden gestionarse conjuntamente para evitar que una persona tenga que acudir varias veces a las oficinas gubernamentales.

En el encuentro, autoridades estatales expusieron casos en los que la digitalización y simplificación modificaron los resultados de determinados servicios. En Baja California, la habilitación del pago con tarjetas de crédito extranjeras para un permiso de pesca deportiva permitió que la recaudación pasara de 1.4 millones de pesos en 2021 a más de 11 millones de pesos al año siguiente, de acuerdo con el representante de la agencia digital estatal.

También se presentó el caso de un trámite relacionado con permisos de construcción y manifestaciones de impacto ambiental que anteriormente podía tardar entre dos y tres años en resolverse y que, tras un proceso de simplificación y digitalización, pasó a resolverse en 40 días o menos, con trazabilidad de los requisitos, pagos y servidores públicos involucrados.

TRÁMITES ELIMINADOS

El secretario Peña Merino reveló que la Administración Pública Federal contaba con alrededor de 5 mil 500 trámites, de los cuales aproximadamente 3 mil 500 han sido simplificados y mil 700 eliminados.

Añadió que, de acuerdo con cálculos de la Agencia, una persona realiza en promedio 485 trámites a lo largo de su vida y que 85 por ciento de ellos ocurren en el ámbito local, es decir, en estados y municipios.

Por ello, consideró que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno es indispensable para que la digitalización tenga un impacto directo en la población.

En cuanto a los municipios, Peña Merino anunció que a partir del día siguiente comenzarían sesiones de trabajo que continuarán durante tres días y estarán divididas en bloques regionales. El objetivo será avanzar en la creación de un catálogo único de 100 trámites municipales.

El funcionario apuntó que habrá acompañamiento para la implementación y que los estados y municipios deberán incorporar la homologación en sus respectivos ordenamientos legales, de acuerdo con el marco establecido por la legislación nacional en materia de simplificación.

LLAVE MX

Otro de los temas abordados fue Llave MX, mecanismo de acceso seguro para realizar trámites de manera remota. Peña Merino declaró que no se busca obligar a todas las entidades a utilizar una misma plataforma, ya que garantiza la interoperabilidad entre los sistemas existentes.

Actualmente, puntualizó, algunas entidades cuentan con mecanismos propios, como Llave CDMX, Llave Baja California o Llave Michoacán, mientras otras han adoptado Llave MX.

“La interoperabilidad es la base de la transformación digital”, manifestó una de las autoridades participantes, al destacar que el objetivo es que una persona pueda utilizar un solo acceso para interactuar con servicios municipales, estatales y federales, sin tener que administrar múltiples usuarios y contraseñas.

CIBERSEGURIDAD

Ante cuestionamientos sobre la protección de los datos personales frente al aumento de trámites digitales, autoridades estatales y federales señalaron que la ciberseguridad deberá avanzar de manera paralela a la digitalización.

Peña Merino indicó que la Agencia trabaja en compartir capacidades entre los gobiernos y en capacitar a servidores públicos mediante la Escuela Pública de Tecnología Pública. Señaló que la infraestructura debe permitir tanto el uso masivo de los servicios como su utilización segura.

Por su parte, representantes estatales argumentaron que el mantenimiento de las plataformas y la aplicación de medidas de seguridad son fundamentales para disminuir la posibilidad de ataques, al igual que la incorporación de soluciones de ciberseguridad y sistemas con distintas capas de protección.

El secretario resumió que la finalidad del proceso no es incorporar tecnología a los gobiernos para convertir las capacidades desarrolladas por una institución en herramientas que puedan ser aprovechadas por otras, para que la simplificación, digitalización y cooperación entre gobierno federal, estados y municipios se traduzcan en servicios públicos más accesibles y con menos cargas para la ciudadanía.

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