La bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México llamó al Gobierno capitalino y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a convertir las acciones contra el delito del despojo en una estrategia permanente, con resultados medibles, transparencia y atención efectiva a las víctimas.
Lo anterior, ante la gravedad que ha alcanzado ese delito en inmuebles en la Ciudad de México. La diputada Liz Salgado reconoció los resultados que ha tenido la estrategia.
Y recordó que según el informe presentado por las autoridades el pasado 13 de agosto, durante los primeros 12 días de implementación de la nueva estrategia se realizaron 44 detenciones, se recibieron 89 denuncias y se reportaron restituciones de inmuebles en casos en los que se confirmó la comisión del delito.
Sin embargo, advirtió que estos primeros resultados deben analizarse frente a la dimensión del problema: desde 2020 se han acumulado más de 25 mil denuncias por despojo, mientras que apenas 463 personas han sido procesadas, lo que representa menos de 2 por ciento respecto del universo de denuncias.
“Los resultados de estos primeros días son importantes, pero no pueden convertirse en la conclusión de una estrategia. Lo que necesitamos es saber qué va a pasar con las miles de carpetas que llevan años abiertas, qué resultados tendrá el nuevo modelo y cómo vamos a medir su eficacia”, señaló.
La panista recordó que desde el inicio de la administración se creó un Gabinete de Prevención y Atención a los Despojos, por lo que consideró indispensable conocer con precisión qué resultados ha generado, cuántos casos ha atendido, cuáles fueron sus determinaciones y qué acciones concretas se han realizado para abatir el rezago.
Además vio necesario dar seguimiento puntual a los nuevos compromisos anunciados por la Fiscalía, particularmente los plazos de 15 días para la restitución precautoria de inmuebles y 30 días para la judicialización de expedientes con pruebas suficientes.
“Los plazos son una buena señal, pero ahora necesitamos indicadores públicos que permitan saber cuántos casos entran a esta ruta, cuántos cumplen los tiempos establecidos y qué sucede con aquellos que no pueden ser restituidos de manera inmediata”, explicó.
Y llamó a que se revise minuciosamente la posible participación de redes organizadas y actos de corrupción o complicidad institucional.
La diputada recordó que la estrategia contempla investigaciones sobre posibles redes que involucren a servidores públicos, notarios o gestores; por ello, planteó la necesidad de que existan mecanismos de control interno y auditoría que permitan detectar posibles irregularidades en el manejo de información.
“Un despojo no siempre ocurre simplemente porque alguien entra por la fuerza a una propiedad. También debemos investigar cómo se obtienen, modifican o utilizan documentos e información que permiten intentar apropiarse ilegalmente de un inmueble”, sostuvo.
La legisladora destacó además la importancia de que la nueva Defensoría Jurídica Ponciano Arriaga, anunciada con una plantilla de 100 abogados especializados, tenga capacidad suficiente para atender a las víctimas y no se convierta únicamente en un anuncio institucional.
Finalmente, Salgado señaló que el Congreso debe acompañar el esfuerzo de las autoridades, pero también ejercer su función de vigilancia y rendición de cuentas.