La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), firmaron un convenio de colaboración para la implementación del Programa Nacional de Auditoras y Auditores Universitarios.
Lo anterior, tiene como objetivo, elevar la vigilancia ciudadana y la integridad pública a un rango de formación profesional obligatoria.
Al atestiguar la firma de dicho acuerdo, Luis González Placencia, secretario general Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), señaló que el lanzamiento de dicho programa no es un suceso aislado sino la culminación de un proceso de maduración democrática.
Para la ANUIES, dijo, la transparencia no es una amenaza, sino el escudo más robusto de la autonomía universitaria, que se fortalece cuando existe capacidad institucional, cuando hay buenos resultados y cuando la sociedad puede reconocer en sus universidades instituciones que efectivamente brindan confianza.
En las instalaciones de la Facultad de Administración de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), indicó que desde hace 20 años las universidades públicas cumplen de manera ininterrumpida con la entrega de sus estados financieros auditados e informes académicos ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados y la ASF, en un ejercicio de rendición de cuentas cimentado en una legitimidad social sin precedentes.
A los jóvenes que integrarán la primera generación de observadores de la transparencia, González Plascencia los convocó a entender que su responsabilidad no termina con la liberación de sus horas de servicio, sino que el aprendizaje debe integrarse a su ADN profesional.
Refirió que datos del INEGI, señalan que las universidades públicas se mantienen como la segunda institución más confiable para la ciudadanía mexicana, solo por debajo del núcleo familiar, de ahí que se reafirma que la confianza ciudadana es el activo más valioso de la academia, mismo que se pretende blindar a través de la formación de nuevos cuadros de integridad.
Además, abundó, la fiscalización superior ha dejado de entenderse sólo como una revisión técnica posterior, para transformarse en una herramienta de prevención y mejora continua, y que este programa redefine el servicio social universitario permitiendo que las juventudes se conviertan en auténticos “custodios de lo público”, adquiriendo competencias que trascienden la técnica para abrazar la responsabilidad social.
En su oportunidad, Aureliano Hernández Palacios, Auditor Superior de la Federación, afirmó que el convenio, suscrito por las universidades públicas de Baja California, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Chiapas, Guerrero, Morelos, San Luis Potosí, Tlaxcala y el Instituto Tecnológico de Sonora, busca involucrar activamente a las nuevas generaciones en la rendición de cuentas, asumiendo que un México sin corrupción es posible y rechazando la idea de que este problema sea algo cultural o inevitable.
El programa arranca con un registro inicial de 300 alumnos pertenecientes a las 10 universidades firmantes y la capacitación diseñada por la ASF, la cual guiará a los estudiantes a través de varias etapas de aprendizaje práctico.
La ASF se comprometió a dar un seguimiento riguroso a las denuncias que los jóvenes presenten sobre actos de corrupción detectados en sus municipios, estados o en delegaciones del gobierno federal.