La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo que reforma las reglas de contenido nacional en las contrataciones públicas, con el objetivo de fortalecer la producción mexicana mediante la incorporación, por primera vez, de los materiales de acero de fabricación nacional utilizados en la construcción al cálculo del porcentaje de contenido nacional de las obras públicas.
La medida representa un avance en la aplicación del Acuerdo para el Fomento de la Industria Siderúrgica Mexicana, firmado el pasado 29 de abril por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mediante el cual se establecieron acciones para promover el uso de acero nacional en las compras públicas y aprovechar el gasto del Gobierno de México como una herramienta para fortalecer la producción y las cadenas productivas del país.
Hasta ahora, el cálculo del contenido nacional en las obras públicas consideraba materiales distintos de los empleados directamente en la construcción, además de maquinaria y equipo de instalación permanente. Con la reforma, también podrá contabilizarse el valor del acero mexicano incorporado a la infraestructura.
El porcentaje de acero nacional requerido se determinará para cada proyecto, tomando en cuenta la disponibilidad de producción en México, la calidad de los materiales, los tiempos de entrega y las características técnicas de cada obra.
La Secretaría señaló que este mecanismo busca incrementar la participación de la industria nacional sin comprometer las condiciones de contratación más favorables para el Estado, la viabilidad técnica y económica de los proyectos ni los plazos establecidos para la ejecución de infraestructura.
Las nuevas reglas también refuerzan los mecanismos de verificación. Las empresas que resulten adjudicadas deberán presentar documentación que permita acreditar el cumplimiento de los porcentajes de contenido nacional establecidos en cada procedimiento de contratación.
A su vez, las dependencias y entidades deberán verificar, al momento de recibir los materiales de acero, que estos cumplan con los requisitos establecidos en las bases de cada proyecto.
Con esta reforma, el Gobierno de México busca convertir el poder de compra del Estado en un instrumento para fortalecer la producción siderúrgica nacional, impulsar las cadenas productivas y generar mayor certeza sobre el origen y utilización del acero mexicano en la infraestructura pública.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno indicó que continuará promoviendo esquemas de compras públicas con reglas claras y verificables, orientados a generar mayor valor para el país y garantizar las mejores condiciones para el Estado.