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La Consejería Jurídica sostuvo que estos cambios buscan recuperar el sentido social de la Constitución.

Las reformas de la era Sheinbaum: 27 constitucionales y 76 cambios legales en dos años de gobierno... ¿cuáles han sido?

Consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde (Andrea Murcia Monsivais)

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, presentó un balance del trabajo legislativo realizado por el Congreso de la Unión durante los primeros dos años del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, periodo en el que, afirmó, se aprobaron 27 reformas constitucionales y 76 reformas legales.

Durante la presentación, explicó que el paquete de modificaciones se estructuró en seis ejes prioritarios que abarcan temas de soberanía, democracia, justicia, bienestar, desarrollo económico e igualdad.

La funcionaria señaló que las reformas buscan fortalecer la rectoría del Estado, ampliar derechos y modificar el funcionamiento de diversas instituciones públicas.

Reformas fortalecieron la soberanía y la rectoría del Estado

En el eje de Soberanía y Rectoría del Estado, Alcalde destacó que se devolvió al Estado el control de sectores estratégicos como Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y los trenes de pasajeros.

También señaló que se incorporaron medidas para fortalecer la soberanía alimentaria, entre ellas el impulso al maíz nativo, la prohibición del maíz transgénico y disposiciones relacionadas con el derecho humano al agua.

En materia electoral, indicó que se prohibió la propaganda política de gobiernos extranjeros y se estableció la nulidad de las elecciones cuando se compruebe injerencia externa.

Cambios en democracia, justicia y seguridad

En el apartado de Democracia y Austeridad Republicana, la consejera jurídica afirmó que se aprobaron reformas para prohibir el nepotismo, la reelección y los privilegios salariales de la alta burocracia.

Asimismo, explicó que como parte de la reestructuración administrativa, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) pasó a desempeñar funciones de transparencia ciudadana; el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se transformó en la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) dio paso a la Comisión Nacional Antimonopolios.

En materia de Justicia y Seguridad, destacó la consolidación de la reforma al Poder Judicial, que establece la elección popular de ministros, magistrados y jueces, además de la creación del Tribunal de Disciplina Judicial.

También señaló que se fortaleció constitucionalmente a la Guardia Nacional bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se endurecieron las sanciones para delitos como la extorsión, el tráfico de armas y de fentanilo, el lavado de dinero y el feminicidio, y se implementó un sistema con mayores recursos para la búsqueda inmediata de personas desaparecidas.

Bienestar, vivienda e igualdad entre los principales ejes

En el rubro de Bienestar y Derechos Laborales, Luisa María Alcalde afirmó que los programas sociales dirigidos a personas adultas mayores, personas con discapacidad, estudiantes y sectores agrarios adquirieron rango constitucional.

Además, mencionó las reformas relacionadas con la reducción de la jornada laboral a 40 horas, la eliminación de la brecha salarial de género, la protección de las personas trabajadoras de plataformas digitales y la denominada Ley Silla.

Respecto a Vivienda y Desarrollo Económico, indicó que el Infonavit y el Fovissste recuperaron facultades para construir vivienda accesible mediante esquemas de renta social y créditos para remodelación, además de que se impulsó un modelo nacional de simplificación administrativa y digitalización de trámites.

Finalmente, en el eje de Igualdad de Género y Pueblos Originarios, destacó que la Constitución incorporó por primera vez el principio de igualdad sustantiva y el derecho de niñas, niños y adolescentes a un internet libre de violencia. Asimismo, señaló que los pueblos indígenas y afromexicanos fueron reconocidos como sujetos de derecho público, con facultades para administrar sus propios presupuestos y ejercer el derecho a la consulta previa.

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