La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, presentó un balance del trabajo legislativo realizado por el Congreso de la Unión durante los dos años de administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, durante los cuales se han aprobado 27 reformas constitucionales y 76 reformas legales.
El paquete de reformas estructurales se divide en seis ejes prioritarios, como Soberanía y Rectoría del Estado, por el que se regresó al Estado el control de sectores estratégicos como Pemex, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y los trenes de pasajeros. Asimismo, se blindó la soberanía alimentaria mediante el impulso al maíz nativo, la prohibición del maíz transgénico y la regulación del derecho humano al agua. En materia electoral, se prohibió la propaganda política de gobiernos extranjeros y se estableció la nulidad de comicios si se comprueba injerencia externa.
En el ámbito de Democracia y Austeridad Republicana, Alcalde destacó que se pohhibió el nepotismo, la reelección y los privilegios salariales en la alta burocracia. Como parte de la reestructuración administrativa, órganos autónomos costosos se transformaron en entidades de servicio directo al pueblo: el INAI pasó a ser un área de transparencia ciudadana; el IFT se convirtió en la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones; y la COFESE se transformó en la Comisión Nacional Anti Monopolios.
En Justicia y Seguridad destaca la consolidación de la reforma al Poder Judicial, que faculta la elección popular de ministros, magistrados y jueces, además de crear el Tribunal de Disciplina Judicial.
Asimismo, se fortaleció constitucionalmente a la Guardia Nacional bajo el mando de la SEDENA y se tipificaron con mayor severidad delitos como la extorsión, el tráfico de armas y fentanilo, el lavado de dinero y el feminicidio. Adicionalmente, se implementó un sistema unificado y con mayores recursos para la búsqueda inmediata de personas desaparecidas.
Al respecto de Bienestar y Derechos Laborales, los programas sociales para adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes y sectores agrarios pasaron a ser derechos constitucionales.
En el ámbito laboral, se impulsó la reducción de la jornada laboral a 40 horas, la eliminación de la brecha salarial de género, la protección para trabajadores de plataformas digitales y la denominada “Ley Silla”.
Como parte de Vivienda y Desarrollo Económico, el Infonavit y el Fovissste recuperaron la capacidad de construir vivienda accesible mediante esquemas de renta social y créditos de remodelación. Para incentivar la economía, se implementó un modelo nacional de simplificación administrativa y digitalización de trámites burocráticos.
En Igualdad de Género y Pueblos Originarios, se destacó que la Constitución incorporó por primera vez el principio de igualdad sustantiva y el derecho a un internet libre de violencia para la niñez. Finalmente, los pueblos indígenas y afromexicanos fueron reconocidos como sujetos de derecho público, lo que les permite administrar sus propios presupuestos y ejercer el derecho a la consulta previa.