El peligro para la infancia mexicana se incrementa cada vez más pues uno de cada 10 niñas y niños de entre 13 y 15 años habría reportado haber sido contactado por grupos criminales en México.
Ello mientras más de 30 mil menores estarían ya involucrados en alguna forma de crimen organizado, de acuerdo con cifras presentadas durante una mesa de análisis sobre políticas públicas e infancias en la Universidad Iberoamericana.
Durante la mesa “Incidencia y análisis de políticas públicas relacionadas con las infancias”, el académico del Departamento de Economía, Irving Rosales, planteó que en situaciones de pobreza e instituciones débiles el dilema que enfrentan algunas familias puede ser mucho más complejo que elegir entre escuela o trabajo:
también existe la posibilidad de que niñas y niños terminen incorporándose a actividades ilegales.
PROHIBIR TRABAJO INFANTIL NO RESEUELVE PROBLEMA
Rosales advirtió que las políticas destinadas a restringir el trabajo infantil pueden tener efectos contraproducentes si únicamente actúan sobre las empresas que contratan menores, pero no modifican las condiciones que llevan a una familia a depender de esos ingresos.
Puso como ejemplo el caso de Bangladesh, donde en la década de 1990 decenas de miles de menores fueron despedidos de la industria textil después de presiones internacionales contra el trabajo infantil.
Años después, explicó, estudios encontraron que muchos no regresaron a la escuela y terminaron en actividades aún más riesgosas.
El economista señaló que una política mal diseñada no sólo puede modificar la vida inmediata de una niña o un niño, sino afectar su escolaridad, capital humano, ingresos futuros e incluso las oportunidades de su descendencia.
“Las trayectorias no están escritas de antemano, están determinadas por el entorno institucional”, afirmó.
300 MIL NIÑOS Y ADOLESCENTE CON MADRE EN PRISIIÓN
A su vez, la profesora-investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas y especialista en sistema penitenciario, género y derechos de la niñez, Corina Giacomello, estimó que más de 300 mil niñas, niños y adolescentes en México tienen a su madre o padre en prisión, una cifra que consideró conservadora.
A partir de investigación empírica con personas privadas de la libertad, familiares y jóvenes de distintos países de América Latina, advirtió que el encarcelamiento puede modificar los arreglos de cuidado, los ingresos, la convivencia familiar y la trayectoria escolar, además de exponer a hijas e hijos al estigma social.
Por su parte, Laura Pedraza, del Centro de Estudios Críticos de Género de la IBERO (Cecrige), mostró que las desigualdades también aparecen dentro de los hogares: 45.9% de las mujeres cuidadoras consultadas dijo sentirse frecuentemente o siempre como la única responsable del bienestar de las personas que cuida, frente a 28.7% de los hombres.
El encuentro pone sobre la mesa cómo factores como el trabajo infantil, la educación, el encarcelamiento de familiares, los cuidados y la alimentación se entrecruzan en la vida de niñas, niños y adolescentes. El mensaje común de las y los especialistas es que las políticas públicas no pueden abordar estos problemas de manera aislada, pues cada decisión puede abrir oportunidades o cerrar caminos enteros en sus trayectorias de vida