Durante el análisis del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en materia de política interior, los grupos parlamentarios de Morena y sus aliados defendieron la estrategia de seguridad y los resultados de la actual administración, mientras que la oposición —PAN, PRI y Movimiento Ciudadano— cuestionaron las cifras oficiales de homicidios, desapariciones, violencia, transparencia y más.
En la sesión de este martes, las y los legisladores fijaron sus posturas en dos rondas de intervenciones, en las que también abordaron temas como gobernabilidad, derechos humanos, programas sociales, combate a la corrupción y libertad de expresión.
Por Morena, la diputada Elena Edith Segura Trejo sostuvo que la política interior tiene como ejes el diálogo, la mediación, el respeto a los derechos humanos y la construcción de acuerdos. Destacó acciones como el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, mediante el cual, afirmó, la población ha entregado voluntariamente más de 13 mil armas de fuego.
Su compañera de bancada, Julieta Kristal Vences Valencia, defendió los resultados de la administración federal y afirmó que el Segundo Informe muestra un cambio en la forma de ejercer el poder, además de destacar los programas sociales y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.
En contraste, la diputada del PAN, Margarita Zavala Gómez del Campo, calificó el apartado de política interior del informe como un “catálogo de mentiras” y cuestionó que el gobierno pretenda mostrar un país en paz pese a las cifras de violencia.
La legisladora pidió una revisión pública y técnica de la metodología utilizada para contabilizar homicidios, delitos graves y personas desaparecidas, y afirmó que las madres buscadoras continúan sin una respuesta suficiente por parte de las autoridades.
También desde Acción Nacional, el diputado Omar Antonio Borboa Becerra acusó al gobierno de “maquillar” las cifras de violencia y sostuvo que la política interior debe partir del reconocimiento de la realidad del país.
Por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el legislador Julio Scherer defendió la estrategia federal de seguridad e inteligencia, al señalar que cuenta con objetivos claros, coordinación y una visión de largo plazo.
Afirmó que la estrategia no debe limitarse al combate a la violencia, sino incluir educación, empleo, salud, deporte, cultura y recuperación de espacios públicos como mecanismos para generar condiciones de paz.
La diputada Mayra Espino Suárez coincidió en que la seguridad requiere la coordinación entre Fuerzas Armadas, policías, fiscalías y autoridades de los distintos niveles de gobierno, además de políticas dirigidas a los jóvenes y las comunidades.
En tanto, los diputados del PT José Luis Sánchez, Ricardo Sóstenes Mejía y Lilia Aguilar respaldaron la actuación del gobierno federal y destacaron los programas sociales y la reducción de la pobreza como parte de los resultados de la administración.
Mejía sostuvo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido la estabilidad y gobernabilidad del país, mientras que Aguilar Gil afirmó que la actual administración representa una transformación frente a problemas como desapariciones, persecución de periodistas, criminalización de jóvenes y abandono de pueblos indígenas.
Desde el PRI, el diputado Andrés Cantú señaló que la glosa del informe debe servir para revisar el estado que guarda el país en materia de gobernabilidad, Estado de derecho, seguridad, libertad de expresión y combate a la corrupción.
La priista Graciela Ortiz cuestionó las cifras presentadas por el gobierno federal en materia de violencia y afirmó que existe una discrepancia entre los datos oficiales y los registros del Inegi sobre homicidios.
La crítica más fuerte desde Movimiento Ciudadano estuvo relacionada con la inseguridad y las desapariciones; el diputado Gibrán Ramírez Reyes sostuvo que en México son asesinados presidentes municipales, opositores, activistas, defensores ambientales, líderes comunitarios y periodistas, por lo que afirmó que el país es cada vez “menos gobernable”.
A su vez, la diputada Laura Ballesteros cuestionó la estrategia de búsqueda de personas desaparecidas y señaló una diferencia entre las acciones reportadas por el gobierno y la magnitud del registro nacional de personas desaparecidas.
La emecista afirmó que las familias buscadoras continúan realizando labores de localización por cuenta propia, mientras el gobierno presenta cifras que, a su consideración, no reflejan la dimensión del problema.