El secretario de Seguridad y Protección ciudadana, Omar García Harfuch, reportó que entre 1 de octubre de 2024 y el 31 de agosto de 2026 fueron detenidas más de 67 mil 200 personas por delitos de alto impacto, de acuerdo con el balance presentado.
El balance presentado por el secretario es resultado de la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad y del trabajo coordinado entre las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad y las autoridades de las entidades federativas que ha permitido la implementación de operaciones no solamente contra líderes de organizaciones criminales, sino también contra operadores regionales y financieros, con el propósito de afectar las estructuras logísticas, financieras y de violencia de los grupos delictivos.
En materia de combate a la corrupción, la denominada Operación Enjambre ha permitido detener a 111 funcionarios públicos presuntamente vinculados con actividades delictivas. Las autoridades señalaron que la política del Gobierno de México es de cero tolerancia a la corrupción y cero impunidad, independientemente del cargo o afiliación política de las personas involucradas.
Asimismo, se reportó el aseguramiento de 34 mil 353 armas de fuego, de las cuales 80% provendrían de Estados Unidos. El 61% corresponde a armas largas, con una proporción importante localizada en Sinaloa, Sonora y Baja California.
Reconocimiento a elementos caídos
Durante el reporte Harfuch hizo referencia a un operativo en Veracruz en el que dos integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana perdieron la vida mientras realizaban labores de investigación contra células dedicadas al secuestro y la extorsión.
Posteriormente, elementos de las instituciones federales y autoridades de Veracruz y Oaxaca desplegaron un operativo para localizar a los responsables y rescatar a dos personas que habían sido privadas de la libertad.
“A las familias y seres queridos de nuestros compañeros les reiteramos que cuentan y contarán permanentemente con el respaldo del Gobierno de México. La muerte de nuestros compañeros no quedará impune. Las investigaciones y las acciones operativas continúan para encontrar a todos los responsables”, aseguró el secretario.
Las autoridades aseguraron que las investigaciones continuarán hasta detener a los responsables y garantizar que el fallecimiento de los agentes no quede impune.
Aseguramiento de droga y laboratorios clandestinos
En operaciones marítimas, la Secretaría de Marina ha asegurado 88 toneladas de cocaína desde el inicio de la actual administración. Entre los operativos destaca el decomiso de más de ocho toneladas de droga frente a las costas de Michoacán, señalado como el mayor aseguramiento marítimo en la historia de la institución.
En tierra se han asegurado 534 toneladas de droga, además de más de dos toneladas de fentanilo y aproximadamente 9.5 millones de pastillas de esta sustancia.
Otro de los principales objetivos ha sido combatir la producción de metanfetamina. Durante casi dos años, el Ejército y la Marina han inhabilitado 2 mil 700 laboratorios clandestinos y áreas de concentración en 24 estados del país. En estos operativos se aseguraron más de tres millones de litros y 900 toneladas de sustancias químicas.
En Culiacán, Sinaloa, autoridades federales localizaron e inhabilitaron un complejo clandestino de aproximadamente 5 mil 700 metros cuadrados, considerado el segundo laboratorio de metanfetamina más grande localizado durante la actual administración. En el sitio fueron aseguradas más de 16 toneladas de metanfetamina y 10 toneladas de sustancias químicas.
Operativos contra grupos criminales
Durante las últimas semanas, las instituciones del Gabinete de Seguridad desplegaron diversos operativos en distintas entidades.
En La Esperanza, Puebla, fueron ejecutadas simultáneamente 23 órdenes de cateo, con un saldo de 10 personas detenidas, presuntamente vinculadas con una organización dedicada al robo de transporte de carga, robo de vehículos, extorsión, secuestro y otros delitos.
Entre los detenidos se encuentran el presidente municipal de Esperanza, la exdirectora de Seguridad Pública Municipal y un familiar del alcalde. Durante los cateos fueron aseguradas más de 40 armas, entre ellas dos fusiles Barrett, además de vehículos, cuatro de ellos blindados, drones, inhibidores de señal y equipo táctico.
Las autoridades relacionaron estas acciones con una estructura criminal que operaba en uno de los tramos de mayor incidencia delictiva de la carretera federal 150-D, entre Ciudad de México, Puebla y Veracruz.
En Michoacán también se reportaron acciones contra grupos dedicados a la extorsión y otros delitos. En Uruapan fue detenido un presunto operador de una célula delictiva relacionado con extorsiones a productores de aguacate y propietarios de bares.
En Jalisco y Michoacán se realizaron 36 cateos, con 32 personas detenidas y el aseguramiento de armas, drogas, 113 vehículos y equipos de comunicación.
En Nuevo León, autoridades detuvieron a tres personas que transportaban 195 armas largas, 15 armas cortas y 93 cargadores, además de vehículos y semirremolques. El operativo fue señalado como el mayor aseguramiento de este tipo de armamento durante la actual administración.
Estrategia contra la extorsión
El combate a la extorsión se mantiene como una de las prioridades del Gobierno federal. El 6 de julio de 2025 fue puesta en marcha la Estrategia Nacional contra la Extorsión, cuyo objetivo es coordinar las capacidades del Estado para proteger a las víctimas e identificar y detener a los responsables.
La estrategia contempla cinco líneas principales: generación de detenciones mediante inteligencia e investigación; fortalecimiento de unidades locales contra la extorsión; atención y protección de víctimas; capacitación de operadores del 089; y una campaña nacional de prevención.
A estas acciones se suman medidas de inteligencia financiera, cancelación de líneas telefónicas utilizadas para extorsionar, intervenciones en centros penitenciarios y despliegues especializados en las entidades con mayor incidencia.
Entre el 6 de agosto de 2025 y el 31 de agosto de 2026 fueron detenidas 2 mil personas por extorsión en 29 estados, en coordinación con las autoridades locales.