La Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración (RMMSyM) presentó el documento “Análisis de políticas públicas sobre prevención, atención y erradicación de la violencia basada en género contra mujeres en contextos de movilidad en México”, en el que advierte una brecha crítica entre el marco jurídico mexicano y las condiciones que enfrentan mujeres, adolescentes y niñas migrantes y refugiadas.
El análisis señala que, pese a los avances institucionales y normativos en materia de prevención y atención de la violencia de género, persisten barreras estructurales e institucionales que dificultan el acceso efectivo de las mujeres en movilidad a la justicia, la salud sexual y reproductiva y los mecanismos de protección.
De acuerdo con el documento, la fragmentación del sistema jurídico entre los ámbitos federal y estatal, así como la falta de coordinación entre autoridades migratorias, de asilo y de protección contra la violencia, generan obstáculos para que las sobrevivientes puedan acceder a una atención integral.
Ante estas deficiencias, las organizaciones de la sociedad civil han asumido tareas de protección y acompañamiento, mediante redes de cuidado multisectorial y acciones orientadas a garantizar en la práctica los derechos de las mujeres en contextos de movilidad.
El informe también alerta sobre las restricciones presupuestarias que enfrentan las instituciones encargadas de atender a esta población. Como ejemplo, señala que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) tuvo una reducción de 10 por ciento en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 y dependía entre 70 y 80 por ciento de recursos provenientes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), organismo que, según el análisis, enfrentó un recorte global cercano al 80 por ciento.
En materia de salud, el documento refiere que el presupuesto de 2025 registró una reducción de 34 por ciento, con efectos en la adquisición de medicamentos e insumos necesarios para la aplicación de la NOM-046, relacionada con la atención a víctimas de violencia sexual y la interrupción legal del embarazo.
Asimismo, señala que los refugios especializados enfrentan estancamiento de recursos y retrasos administrativos derivados de la transición institucional hacia la Secretaría de las Mujeres.
Insuficiente cobertura en la ruta migratoria
El análisis reconoce mecanismos como el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres y el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres; sin embargo, considera necesario incorporar una perspectiva interseccional que atienda las condiciones particulares de las mujeres en movilidad.
Como muestra de esta problemática, refiere que de los 73 Centros de Justicia para las Mujeres, únicamente 30 se encuentran ubicados en zonas de la ruta migratoria.
Además, según los datos disponibles citados en el informe, apenas 2 por ciento de las mujeres atendidas son extranjeras y 0.1 por ciento son mujeres LGBTIQ+, mientras que 98 por ciento corresponde a mujeres mexicanas.
La RMMSyM plantea que es necesario ampliar la cobertura y accesibilidad de estos servicios, así como fortalecer la capacitación y pertinencia de la atención para responder a las distintas necesidades de las mujeres migrantes y refugiadas.
El documento también cita información de Médicos del Mundo y ACNUR, de acuerdo con la cual entre 70 y 80 por ciento de las mujeres migrantes en tránsito han sufrido algún delito en México.
A esta situación se suma la falta de información oficial y confiable sobre sus derechos, por lo que muchas mujeres recurren a redes sociales informales para conocer las alternativas de protección disponibles. El informe advierte que más de la mitad de las mujeres que enfrentaron algún delito no presentó una denuncia, principalmente por temor a represalias y por considerar que no obtendrían justicia.
Llaman a fortalecer políticas con perspectiva de género
El análisis recuerda que organizaciones de la sociedad civil han obtenido resoluciones favorables ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), entre ellas aquellas relacionadas con la obligación de establecer lineamientos con perspectiva de género en los acuerdos migratorios entre México y Estados Unidos.
Sin embargo, sostiene que estas disposiciones no han sido publicadas ni implementadas de manera efectiva por el gobierno mexicano.
Ante este panorama, la RMMSyM plantea una serie de acciones al Estado mexicano, entre ellas incorporar formalmente al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la COMAR al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, con el objetivo de que las políticas migratorias integren obligatoriamente una perspectiva de género e interseccional.
También propone garantizar recursos presupuestarios suficientes y etiquetados para la COMAR, la red de refugios especializados y los programas estatales de salud sexual y reproductiva.
Entre sus recomendaciones se encuentra además cumplir sin demora las sentencias de la SCJN y mejorar la generación de estadísticas oficiales mediante la incorporación de la variable de estatus migratorio, con el propósito de dimensionar y visibilizar la violencia que enfrentan las mujeres en contextos de movilidad en México.
El informe concluye que garantizar los derechos de esta población requiere pasar de un marco normativo existente a una implementación efectiva, coordinada y con recursos suficientes, que permita que la protección y el acceso a la justicia sean una realidad para las mujeres migrantes y refugiadas.