Denuncias de pequeños comerciantes y organizaciones empresariales advierten sobre una práctica que se ha documentado en los últimos años, pero que se habría intensificado recientemente en algunos estados del norte del país: personas presuntamente vinculadas con grupos delictivos, algunas de las cuales se identifican como elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), estarían obligando a tenderos a comercializar determinadas marcas de cigarros que podrían tener orígenes de contrabando, falsificación o procedencia irregular.
En enero de 2025, ConComercioPequeño denunció presiones contra establecimientos de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas para vender determinadas marcas de cigarrillos. El esquema descrito consiste en visitar las tiendas, dejar mercancía y advertir a los propietarios que deben venderla.
De acuerdo con los reportes, en algunos establecimientos los comerciantes también reciben instrucciones para retirar o limitar la venta de productos legales, permitiendo que quienes controlan la distribución clandestina decidan qué marcas permanecen en el anaquel.
Marcas legales, también afectadas
Empresas y marcas que operan dentro del mercado formal resultan perjudicadas por estas prácticas.
Entre ellas se encuentran Marlboro, Pall Mall y Link, cuyos productos pueden perder espacios de venta cuando los comerciantes son presionados para sustituirlos por mercancía impuesta.
Además existe otro problema: la falsificación.
En el mercado clandestino se han localizado cajetillas que ostentan nombres e imágenes de marcas reconocidas, sin que necesariamente hayan sido fabricadas o distribuidas por las compañías propietarias.
Por ello, que una cajetilla lleve impreso el nombre Marlboro, Pall Mall o Link no significa necesariamente que sea un producto original.
Autoridades federales han realizado durante los últimos meses importantes decomisos. Tan sólo entre agosto y septiembre de 2026 fueron asegurados millones de cigarros irregulares o apócrifos en aeropuertos y aduanas mexicanas, algunos de ellos ocultos en cargamentos declarados como otro tipo de mercancía.
Los aseguramientos muestran que no se trata de operaciones menores, sino de redes con capacidad para movilizar millones de unidades y posteriormente distribuirlas en el mercado nacional.
Los tenderos, el eslabón más vulnerable
Para los pequeños comerciantes, el problema tiene una dimensión adicional.
El tendero puede ser obligado bajo amenazas a recibir determinada mercancía y posteriormente quedar expuesto a sanciones si una autoridad encuentra productos irregulares en su establecimiento.
Un video en posesión de este medio muestra a personas que se identifican como elementos de la Fiscalía General de la República llegando a una tienda y diciéndole al tendero qué marcas puede y no puede vender.
En la grabación, los presuntos agentes revisan las cajetillas disponibles, retiran determinados productos y muestran documentos con una relación de las marcas que, según ellos, pueden comercializarse.
También advierten al comerciante que, si en una segunda visita encuentran nuevamente los cigarros que consideran ilegales, podría hacerse acreedor a una multa superior a 200 mil pesos, la clausura de su negocio, el decomiso de la mercancía y su puesta a disposición de las autoridades competentes.
Hasta el momento no se ha acreditado públicamente que quienes aparecen en la grabación sean efectivamente servidores públicos ni que el supuesto operativo haya sido ordenado por la Fiscalía General de la República.
En la grabación se mencionan marcas como Económicos, Studio 54 y Río, entre otras, algunas vinculadas comercialmente con Sijara International Manufacturing, empresa que ha sido mencionada en investigaciones y denuncias previas relacionadas con presuntas irregularidades en la comercialización de productos del tabaco.
El video abre así una interrogante adicional: quién determina qué productos pueden comercializarse y bajo qué fundamento personas que se presentan como autoridad pueden retirar mercancía y amenazar con sanciones a los comerciantes.
Por eso, representantes del comercio en pequeño han insistido en que las investigaciones no deben limitarse a revisar las tiendas.
Es necesario identificar quién importa, almacena y distribuye los cigarros, quién controla los territorios y quién amenaza a los comerciantes para obligarlos a venderlos.
También existe un riesgo para el consumidor.
Los cigarros ilegales pueden comercializarse a precios muy inferiores a los productos formales, pero su procedencia, fabricación y cumplimiento de normas sanitarias pueden ser desconocidos.
El fenómeno, por tanto, ya no puede entenderse únicamente como contrabando.
Cuando un grupo tiene capacidad para entrar a una tienda y decidir qué producto se vende y qué marcas deben retirarse mediante amenazas o aparentando actuar con autoridad oficial, existe un problema mucho más profundo: el control de una actividad económica mediante intimidación.
En medio quedan las empresas legales, los consumidores y, sobre todo, miles de pequeños comerciantes que pueden terminar vendiendo bajo presión.
Para ellos, elegir qué cigarros colocar detrás del mostrador ha dejado de ser solamente una decisión comercial.