Este jueves un Tribunal de Enjuiciamiento emitió fallo condenatorio contra Elda Aurora Viñas Herrera, quien ocupaba el cargo de Contralora Gubernamental durante la administración de Francisco García Cabeza de Vaca, al considerar acreditada su responsabilidad penal por dos delitos.
Esta determinación forma parte de la Carpeta Procesal CP/14/2025 durante la audiencia de juicio oral celebrada el 15 de septiembre de 2026.
Viñas Herrera fue declarada responsable por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades y desempeño de funciones judiciales o administrativas.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción sustentó su acusación basada en hechos relacionados con decisiones adoptadas por la exfuncionaria cuando se encontraba al frente de la Contraloría Gubernamental.
Señalan que Viñas Herrera autorizó pagos derivados de un contrato de prestación de servicios por honorarios en favor de una persona que, al mismo tiempo, desempeñaba el cargo público de Directora Administrativa de la propia Contraloría.
El Tribunal analizó las pruebas desahogadas durante el juicio oral y determinó la responsabilidad penal de la excontralora por las dos conductas que le fueron imputadas.
El fallo representa un punto decisivo dentro del proceso penal, debido a que establece judicialmente la responsabilidad de la acusada, aunque todavía se encuentra pendiente la determinación de las sanciones.
El puesto de Viñas durante la administración de Francisco García Cabeza de Vaca le permitía el control administrativo del Ejecutivo estatal.
Desde la Contraloría Gubernamental correspondía supervisar el cumplimiento de las disposiciones administrativas, fiscalizar la actuación de las dependencias y vigilar el ejercicio de los recursos públicos.
El procedimiento pasará ahora a la etapa de individualización de las consecuencias jurídicas. Hasta que esa fase se desahogue, las medidas cautelares previamente impuestas a Viñas Herrera permanecerán vigentes, incluida la obligación de firma periódica mensual.
La audiencia de individualización de sanción y reparación del daño fue programada por el Tribunal para el 22 de septiembre de 2026.
Durante esa audiencia se determinarán las sanciones aplicables a la ex servidora pública.
Los delitos por los cuales fue declarada responsable pueden derivar, conforme a las disposiciones aplicables, en penas de prisión, multas e inhabilitación para desempeñar cargos públicos.