
Morena en el Senado impulsa reformas al Código de Comercio y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para terminar con los juicios mercantiles extraterritoriales que obligan a las y los deudores a defenderse en tribunales lejanos a su domicilio.
El senador de Oaxaca, Antonino Morales Toledo alista á una iniciativa para reformar el Código de Comercio para terminar con “las cláusulas abusivas” que obligan a las y los deudores a defenderse en tribunales lejanos a su domicilio
El legislador explicó que, al firmar un crédito, las personas aceptan condiciones que las obligan a litigar en ciudades distintas a donde viven, lo que representa gastos de traslado y honorarios que muchas familias no pueden cubrir.
“Aquí no hay espacio para la restauración de privilegios. La justicia debe estar al alcance de todas y todos, no solo de quienes tienen recursos para viajar”, afirmó
La propuesta retoma el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que determina que estas cláusulas no deben aplicarse cuando afectan el derecho de acceso a la justicia.
Detalló que muchas veces las instituciones financieras y entidades acreedoras meten cláusulas abusivas o poco claras, como es el pacto de sumisión, que tiene consecuencias procesales de enorme gravedad porque determina, desde el momento mismo de la firma del contrato o del pagaré, cuál será el tribunal competente para conocer de cualquier controversia futura derivada de la relación jurídica.

Con esta reforma—agregó--, los juicios por pagarés o contratos de adhesión deberán realizarse en el domicilio del deudor.
“Gobernar con el pueblo significa garantizar que nadie quede en indefensión por no tener dinero para trasladarse.”, subrayó.
El senador destacó que esta iniciativa retoma el espíritu de la nueva Constitución de Oaxaca que se está elaborando desde la interculturalidad, un marco que reconoce la diversidad de los pueblos originarios y afromexicanos y coloca la dignidad de las personas en el centro de las decisiones.
Morales Toledo hizo un llamado al Congreso de la Unión para que respaldar esta propuesta legislativa, pues representa un acto de justicia social que no genera gasto público y que fortalece el acceso a la justicia para todas y todos los mexicanos.