Durante los dos primeros años de la actual administración federal, 53 servidores públicos han sido vinculados a proceso penal por delitos relacionados con actos de corrupción, informó la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), Raquel Buenrostro.
Al presentar el balance de su sector durante la conferencia en Palacio Nacional, la funcionaria explicó que en ese periodo se han presentado 517 denuncias contra servidores públicos ante la Fiscalía General de la República (FGR), derivadas de faltas administrativas que pueden constituir delitos.
Entre los ilícitos detectados se encuentran enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude y peculado.
Buenrostro señaló que algunas conductas identificadas dentro de las investigaciones administrativas también tienen consecuencias penales, por lo que, además de los procedimientos ante las instancias correspondientes para determinar sanciones administrativas, se presentan las denuncias ante la FGR.
En materia administrativa, la dependencia reportó 4 mil 193 servidores públicos sancionados durante los dos años. De ese total, 3 mil 528 corresponden a faltas no graves y 665 a faltas graves.
Entre las conductas observadas se encuentran el otorgamiento o autorización de pagos indebidos, la sustracción de información bajo responsabilidad de los funcionarios, incluidas posibles bases con datos personales, así como la autorización de pagos por bienes o servicios que no fueron entregados.
También se identificaron compras injustificadas, falsificación de documentos, además de casos de hostigamiento y acoso sexual.
Procedimientos y sanciones
Como parte de las acciones administrativas, mil 737 servidores públicos fueron enviados al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). De estos expedientes, 87 ya fueron notificados como sancionados, mientras que mil 650 permanecen en proceso.
La Secretaría también informó sobre las medidas adoptadas contra particulares relacionados con incumplimientos o irregularidades. En total, 286 personas morales han sido sancionadas: 222 fueron inhabilitadas con multa y 64 recibieron únicamente una multa. Los procedimientos derivaron en la obtención de 147.3 millones de pesos por concepto de multas.
Las principales irregularidades atribuidas a particulares fueron la presentación de documentación falsa, el incumplimiento de contratos para entregar bienes o servicios en tiempo y forma y la simulación de experiencia técnica.
En este último caso, se detectaron situaciones en las que se falsificaron currículos para acreditar que las empresas contaban con personal calificado y suficiente, así como con capacidad económica para cumplir con los contratos.
También se identificó el ocultamiento de conflictos de interés.
A estas sanciones se suman 118.5 millones de pesos impuestos por infracciones cometidas por particulares que tienen en su posesión datos de otras personas. En este rubro han sido sancionados 51 particulares.
Además de las acciones punitivas, la Secretaría reportó que las medidas de prevención aplicadas durante el periodo permitieron proteger 83.8 mil millones de pesos del erario.