La reforma constitucional que establece como requisito la nacionalidad mexicana exclusiva para quienes aspiren a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México llegó al Senado donde será dictaminada en comisiones este miércoles y se espera se discutida y aprobada en el pleno la próxima semana aunque hay cierta reticencia por parte de algunos senadores del PVEM y toda la oposición lo que puede complicar la mayoría calificada para Morena.
Actualmente, las disposiciones constitucionales exigen, para estos cargos, ser mexicano por nacimiento.
Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, que presiden los morenistas Óscar Cantón Zetina y Manuel Huerta Ladrón de Guevara, respectivamente, fueron convocadas a una reunión extraordinaria a las 16:00 horas, para dictaminar la minuta que llegó al Senado en las primera horas de este día procedente de la Cámara de Diputados.
La reforma obligaría a quienes tengan otra nacionalidad a renunciar a ella antes de registrarse como candidatos a la Presidencia, gubernaturas o Jefatura de Gobierno de CDMX. La Cámara de Diputados ya la avaló, pero todavía debe superar el Senado, la mayoría de los congresos locales y el proceso de publicación para convertirse en reforma constitucional.
Esta reforma no plantea eliminar la doble nacionalidad para todos los mexicanos. Su alcance está dirigido a las personas que pretendan encabezar determinados poderes ejecutivos como la Presidencia de la República, gubernaturas o la Jefatura de la Ciudad de México.
También establece que una vez en funciones, quien ocupe alguno de esos cargos tampoco podría adquirir o solicitar otra nacionalidad, utilizar un pasaporte extranjero para hacer valer esa condición, ejercer derechos políticos derivados de otra ciudadanía o acogerse a la protección diplomática de otro país.
El proyecto modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de establecer reglas de nacionalidad única para quienes pretendan encabezar los Poderes Ejecutivos federal y locales.
En términos generales, la propuesta establece que quienes aspiren a la Presidencia de la República; Gubernaturas de los estados; y Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, deberán contar exclusivamente con la nacionalidad mexicana.
La iniciativa contempla que una persona que tenga una segunda nacionalidad deberá renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidata o candidato.
Uno de los puntos centrales del proyecto es que la modificación no pretende eliminar de manera general el derecho de las personas mexicanas a tener doble nacionalidad.
La restricción estaría dirigida específicamente a quienes busquen ocupar los cargos ejecutivos contemplados en la reforma.
El texto planteado para el artículo 82 establece que quien ejerza la Presidencia no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocar ante una autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana.
También se contempla prohibir la utilización de pasaporte o documento de identidad expedido por otro Estado; ejercer derechos políticos derivados de una ciudadanía extranjera; y acogerse a la protección diplomática de otro país.
Asimismo señala que disposiciones equivalentes se incorporarían para las gubernaturas mediante el artículo 116 y para la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México mediante el artículo 122.
En su propuesta enviada al Congreso, la titular del Ejecutivo federal argumentó que existe una zona de interpretación entre los requisitos actuales de los artículos 82, 116 y 122 y lo establecido en el artículo 32 constitucional.
El artículo 32 establece además reglas para determinados cargos que requieren nacionalidad mexicana por nacimiento y señala que éstos se reservan a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad.
La iniciativa sostiene que esa redacción ha generado interpretaciones distintas respecto de las personas que ya poseen otra nacionalidad, por lo que plantea establecer expresamente el requisito antes del registro de la candidatura.