La representación del PRI ante el INE, presentó una queja por actos anticipados de campaña en contra de los llamados coordinadores estatales de Morena y solicitó medidas cautelares, a fin de que suspendan todo tipo de actos, actividades y propaganda relativas al proceso de selección de candidatos a las 17 gubernaturas de los estados que estarán en juego en el 2027.
Sumado a ello dio vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE para que requiera a los denunciados que acrediten el origen de los recursos que usan en los eventos, con que indebidamente se posicionan de manera anticipada, y que se verifique si están reportados o no en el Sistema Integral de Fiscalización.
Los denunciados son: Nora Ruvalcaba Gámez, de Aguascalientes; Julieta Ramírez, de Baja California; Pablo Gutiérrez Lázarus, de Campeche; Rosa María Bayardo, de Colima; Beatriz Mojica, de Guerrero; Carlos Torres Piña, de Michoacán; Santiago Nieto Castillo, de Querétaro; Eugenio “Gino” Segura, de Quintana Roo; Imelda Castro, de Sinaloa, y Verónica Díaz Robles, de Zacatecas.
El PRI argumentó que las designaciones de los “Coordinadores de la 4t” son conductas sistemáticas y reiteradas de Morena durante los procesos electorales locales 2026-2027, en las que se renovarán 17 gubernaturas, y sostuvo que configuran actos anticipados de precampaña y campaña.
En su denuncia, el PRI señaló que los llamados “de manera fraudulenta” como “Coordinadores de Defensa de la Transformación” realizan actos de propaganda sistemática o planificada encaminada a incidir en las preferencias electorales, situación que puede ser considerada como una infracción a la normativa electoral.
NO A LOS SIERVOS
Asimismo la dirigencia tricolor aplaudió que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocara los acuerdos del INE en los que se permitía la injerencia de los “Servidores de la Nación” en los procesos electorales, participando como Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales, así como en la convocatoria para la observación electoral.
Esos acuerdos fueron impugnados por el PRI y otros partidos porque –según este partido--el INE violaba los principios de certeza y equidad, al eliminar los cruces entre las bases de datos de sus sistemas con los listados de las personas “Servidores de la Nación”, con lo que se dejaba la puerta abierta para que personas al servicio del gobierno de la 4T ejercieran la observación electoral.
Afirmó que esa determinación representan un triunfo para la democracia, al corregir una actuación del INE que generaba inequidad, ya que, al desempeñarse como observadores electorales, la presencia de los “Servidores de la Nación” en los comicios sería para coaccionar a los beneficiarios de programas sociales a votar a favor de Morena.