El Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal de Ciudad de México concedió una suspensión provisional que obliga a la Fiscalía General de la República (FGR) a recibir de inmediato las denuncias formales por desaparición de un grupo de 55 madres y familiares buscadoras que mantienen un campamento de protesta frente a las instalaciones de la dependencia.
La resolución deriva del amparo promovido por la organización Abogados Convencionalistas de México, después de que el Ministerio Público se negara a atender a las familias el pasado 9 de septiembre. La medida busca que las denuncias sean recibidas y que se puedan realizar las diligencias correspondientes para iniciar formalmente la búsqueda de sus familiares desaparecidos.
Orden
El fallo judicial instruye a la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada a tomar las previsiones necesarias para cumplir con la suspensión provisional y comunicar al juzgado las acciones realizadas.
Para ello, la autoridad ministerial tiene un plazo máximo de 48 horas para informar sobre el cumplimiento de la orden. De esta manera, las familias deberán ser atendidas para formalizar las denuncias que anteriormente no fueron recibidas.
La suspensión es provisional, por lo que todavía falta que el juzgado determine si la medida continuará vigente de manera definitiva. La audiencia en la que se resolverá este punto está programada para el próximo 29 de septiembre.
Plantón frente a la FGR
La resolución judicial ocurre después de que integrantes de distintos colectivos de búsqueda instalaron un campamento de protesta frente a las instalaciones de la FGR.
Entre los grupos que participan se encuentran Buscando Cuerpos, Regreso a Casa Veracruz, Guerreras Buscadoras Jalisco y Resilientes MX. Las familias llegaron al lugar después de denunciar obstáculos y trámites que, señalaron, les impedían formalizar las denuncias por desaparición de sus familiares.
El plantón se convirtió así en una forma de presión para exigir que la Fiscalía recibiera las denuncias y que las familias pudieran acceder a las investigaciones correspondientes.
Las personas afectadas también pidieron a la representación social que cumpla con la resolución judicial sin presentar nuevos obstáculos procesales que puedan prolongar su permanencia en la vía pública y lo que consideran una revictimización institucional.
Aunque la suspensión provisional obliga a la FGR a actuar de inmediato, el juicio de amparo todavía no concluye. La audiencia constitucional, en la que se analizará el fondo de la demanda, está programada para el 16 de octubre.
Mientras llegan esas fechas, la Fiscalía deberá informar al juzgado sobre las acciones que realice para cumplir con la medida provisional y atender a las familias involucradas.
El caso ocurre en medio de una relación tensa entre colectivos de búsqueda y autoridades ministeriales, luego de la negativa para recibir las denuncias por comparecencia que llevó a las familias a instalar el campamento frente a la sede de la Fiscalía.
Crisis
La situación se desarrolla en un país que acumula más de 130 mil personas no localizadas en los registros oficiales. Frente a este escenario, madres y familiares de las víctimas han asumido una parte importante de las labores de búsqueda y localización de sus seres queridos.
A las dificultades para encontrar a las personas desaparecidas se suman problemas como la saturación de los servicios forenses, la falta de resultados en algunas investigaciones y las barreras burocráticas que las familias enfrentan al acudir a fiscalías locales y federales.
Para las familias que mantienen el plantón frente a la FGR, el siguiente paso será que la autoridad cumpla la orden judicial y reciba formalmente las denuncias. La resolución del 29 de septiembre determinará si la protección provisional continúa, mientras que el 16 de octubre se analizará el fondo del amparo.