El estudio señala problemas para acceder a servicios de justicia, salud, protección y reintegración para mujeres migrantes, desplazadas y retornadas.
Las mujeres que migran, son desplazadas, solicitan protección internacional o regresan a El Salvador enfrentan diferentes formas de violencia y obstáculos para acceder a servicios de protección, justicia, salud y reintegración, de acuerdo con un informe presentado por la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración (RMMSyM).
El documento, titulado “Análisis de políticas públicas sobre prevención, atención y erradicación de la violencia basada en género contra mujeres en contextos de movilidad humana en El Salvador”, fue presentado el 24 de septiembre de 2026 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, en San Salvador.
La investigación fue realizada entre julio y octubre de 2025 y revisó el marco jurídico y las políticas públicas de El Salvador. También tomó en cuenta testimonios y experiencias de mujeres, además de las aportaciones de organizaciones de la sociedad civil.
Uno de los principales resultados del estudio señala que existe una diferencia entre los derechos reconocidos en las leyes y su aplicación en la vida cotidiana. Esta situación afecta principalmente a mujeres migrantes, retornadas y desplazadas por violencia.
El informe explica que la violencia puede continuar durante las diferentes etapas de la movilidad humana. Las mujeres pueden enfrentar violencia sexual, física, económica e institucional, además de discriminación y dificultades para acceder a mecanismos seguros para denunciar y recibir atención.
El Salvador cuenta con instrumentos legales relacionados con la protección de las mujeres, entre ellos la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y la Ley contra la Trata de Personas. Sin embargo, el análisis identifica varios obstáculos para que estas normas se apliquen de manera efectiva.
Entre los principales problemas se encuentran la fragmentación de las instituciones, la falta de presupuesto específico, la poca coordinación entre dependencias, la ausencia de información desagregada y la falta de rutas de atención que sean claras y accesibles para las mujeres.
Otro punto señalado por la investigación es el regreso al país. El retorno puede convertirse en una nueva etapa de vulnerabilidad debido a que algunas mujeres vuelven a las condiciones que provocaron su salida. A esto se suman problemas como la falta de empleo y vivienda, el estigma relacionado con la migración y dificultades para recibir atención psicológica, servicios de salud sexual y reproductiva y acceso a la justicia.
Durante 2024, El Salvador recibió oficialmente a 15 mil 3 personas retornadas, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones. Ese mismo año, las mujeres representaron 29 por ciento de las 12 mil 873 deportaciones registradas.
El informe también destaca el trabajo realizado por organizaciones de la sociedad civil y redes comunitarias, que brindan acompañamiento a mujeres migrantes, retornadas y desplazadas. De acuerdo con las entrevistas realizadas para el estudio, algunas instituciones públicas canalizan casos hacia estas organizaciones debido a limitaciones de presupuesto, personal especializado y recursos.
Sin embargo, las organizaciones civiles también enfrentan dificultades para mantener sus servicios, por lo que la investigación plantea la necesidad de proporcionarles financiamiento y mejorar la coordinación con las instituciones públicas.
Entre las recomendaciones del informe se encuentra desarrollar programas de reintegración para mujeres retornadas que incluyan acceso a empleo, vivienda, educación y atención psicosocial. También plantea garantizar servicios de salud integrales, confidenciales y libres de discriminación.
La RMMSyM propone además que las políticas públicas consideren las diferentes condiciones de las mujeres, incluyendo a jóvenes, mujeres de comunidades rurales, personas en situación de pobreza, mujeres trans y personas con discapacidad.El objetivo, señala la organización, es pasar de respuestas fragmentadas a políticas coordinadas y sostenibles que garanticen los derechos y la dignidad de las mujeres que se encuentran en contextos de movilidad humana en El Salvador.