La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la detención del presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, Miguel Sánchez Altamirano, no tiene una relación directa con el ataque a balazos contra el establecimiento de la diseñadora muxe Elvis Guerra.
En su conferencia mañanera, realizada en Villahermosa, Tabasco, la mandataria explicó que la captura del alcalde fue resultado de una investigación penal que ya se encontraba en marcha desde meses atrás, derivada de denuncias por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
Aunque la aprehensión ocurrió pocos días después de que Guerra hiciera pública la agresión contra su negocio, Sheinbaum señaló que ambos acontecimientos coincidieron en el tiempo, pero corresponden a investigaciones distintas.
“Hay una investigación previa que ya venía”, indicó la presidenta al referirse al caso del alcalde, y añadió que la detención ocurrió “unos días después de la denuncia de Elvis”, sin estar directamente relacionada con ella.
Sánchez Altamirano fue detenido el 23 de septiembre durante un operativo conjunto de autoridades federales y estatales. Se le investiga presuntamente por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado, y posteriormente fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano.
Sheinbaum también explicó que la investigación contra el edil se originó en denuncias previas y en indagatorias relacionadas con posibles vínculos delictivos en el Istmo de Tehuantepec.
El ataque contra Guerra, en tanto, derivó en un acercamiento directo con el Gobierno federal. La diseñadora, quien creó el vestido utilizado por Sheinbaum durante el Grito de Independencia del 15 de septiembre, había denunciado públicamente amenazas, extorsión y la agresión contra su vivienda y establecimiento en Juchitán.
Tras conocer la denuncia, la presidenta buscó a Guerra para reunirse con ella en Palacio Nacional. En el encuentro también participó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ante quien la diseñadora expuso la situación que había vivido en el municipio oaxaqueño.
“Hizo una denuncia pública, la busqué y tuvimos una reunión donde también estuvo el secretario Omar (García Harfuch), donde explicó lo que había vivido en Juchitán”, relató Sheinbaum.
La presidenta sostuvo que las autoridades deben continuar con las investigaciones penales cuando existen elementos suficientes, sin importar el partido político al que pertenezca el funcionario señalado.
El Gobierno federal ha planteado que la actuación de la Fiscalía General de la República y de las instituciones de seguridad debe sujetarse a las investigaciones y al principio de legalidad. En el caso de Sánchez Altamirano, la administración federal sostiene que el procedimiento deriva de un expediente previo y no de la denuncia presentada por Guerra.