Senadores impulsan una iniciativa que busca proteger a las jornaleras embarazadas o que estén lactando ante la exposición de plaguicidas y sustancias peligrosas e incluso que se nieguen a realizar labores prohibidas que las pongan en riesgo sin que sea motivo de despido.
La propuesta impulsada por la vice coordinadora del PT en el Senado, Geovanna Bañuelos, establece que los empleadores que utilicen sustancias químicas deberán identificarlas, informar sobre sus riesgos, registrar las exposiciones y comunicar de manera clara las medidas de protección que deben observar las trabajadoras.
También contempla que las trabajadoras puedan negarse a realizar labores prohibidas o que representen un riesgo para su salud y la del producto de la gestación, sin que esto pueda considerarse desobediencia, abandono del trabajo o motivo de despido.
“Mientras una mujer tenga que poner en riesgo su salud para conservar su jornal, seguiremos teniendo una deuda con quienes sostienen la alimentación de nuestro país”, afirmó.
Se estima que 4.3 millones de mujeres se dedican a actividades agrícolas de acuerdo con el Censo Agropecuario 2022 del Inegi.
La legisladora zacatecana advirtió que el desarrollo del campo mexicano no puede medirse únicamente por las hectáreas sembradas, las toneladas cosechadas o los productos exportados, sino también por las condiciones laborales de quienes hacen posible la producción de alimentos.
Recalcó que las mujeres jornaleras no deben elegir entre proteger su salud y conservar el sustento de sus familias.
En caso de que exista un riesgo, deberán ser reasignadas a labores seguras, sin reducción de salario, prestaciones, categoría, antigüedad o cualquier otro derecho laboral. Si no existe una actividad compatible con su condición, podrán ser excusadas de prestar sus servicios, conservando su salario y prestaciones.
De igual manera, se busca impedir cualquier represalia, como reducir el trabajo, afectar sus condiciones laborales o negarles una contratación posterior por haber ejercido su derecho a proteger su salud.
Asimismo, establece la obligación de garantizar evaluaciones médicas gratuitas, tanto al ingreso como de manera periódica, dentro de la jornada laboral, cuyos resultados deberán ser entregados a las trabajadoras, quienes podrán recibir copia de sus estudios.
“Uno de los principales objetivos de la propuesta es garantizar una protección efectiva durante la gestación, el puerperio y la lactancia. En estos periodos, las trabajadoras no podrán ser obligadas a realizar actividades que impliquen exposición directa o indirecta a plaguicidas, agroquímicos o sustancias peligrosas”, explicó la legisladora.
Bañuelos destacó que estas disposiciones deberán alcanzar a trabajadoras permanentes, temporales, estacionales, jornaleras y jornaleras migrantes, debido a que la condición de temporalidad no puede convertirse en una razón para negar derechos laborales fundamentales.
“No queremos derechos escritos que se pierdan entre los surcos; queremos garantías que lleguen hasta el campo y protejan a cada trabajadora”, sostuvo.
La iniciativa también propone fortalecer las facultades de inspección laboral y establecer sanciones para quienes incumplan las obligaciones de protección.
Geovanna Bañuelos recordó que las mujeres participan en prácticamente todas las etapas de la producción agrícola: siembra, corte, carga, limpieza, selección y empaque.
Sin embargo, muchas realizan estas actividades en condiciones que pueden implicar jornadas extenuantes, altas temperaturas, cargas pesadas y exposición a plaguicidas, agroquímicos y otras sustancias potencialmente peligrosas.
La legisladora del Partido del Trabajo subrayó que el desarrollo del campo no puede construirse a costa de la salud de quienes trabajan en él.
“Que ninguna cosecha vuelva a tener como precio la salud de una mujer”, concluyó.