Caracterizado por la explotación a gran escala de bienes naturales, escasamente procesados y con fines de exportación, el extractivismo, se ha extendido y profundizado en nuestro país como un modelo económico y político que bajo la narrativa de Impulsar el desarrollo ha provocado el despojo de muchas comunidades y causado una severa degradación ambiental en el territorio.
Ante la imposición de los proyectos extractivos, entre los cuales se puede contar obras como el Tren Maya o Dos Bocas en el sureste mexicano, está impactando de manera negativa la forma de vida de las poblaciones a quienes desplaza de sus comunidades y ha provocado el asesinato de al menos 107 personas opositores a proyectos extractivos, así como 131 personas asesinadas o desaparecidas en total en ese periodo debido a estos conflictos o por defender sus territorios ante estos proyectos.
Así lo advierte el informe “Entre el despojo y las apuestas por la vida: la maquinaria del extractivismo en México (2017-2024)”, elaborado por el Observatorio de Conflictos Socioambientales (OCSA) de la Universidad Iberoamericana que tiene registrado unos mil 189 proyectos de este tipo en todo el país, entre ellos obras emblemáticas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador como el Tren Maya y la Refinería Dos Bocas.
Bajo el argumento de promover el l “desarrollo” del sureste mexicano, estas obras gubernamentales han provocado el despojo de muchas comunidades y una severa degradación ambiental en el territorio., acusa la coordinadora del Programa Universitario para la Sustentabilidad, e integrante de OCSA, Dulce María Ramos
“El extractivismo en México está causando un grave deterioro ambiental. Además, la imposición de los proyectos afecta la salud y la calidad de vida de la población, altera los medios de vida y destruye el tejido social”, agrega
El documento explica que frente a los 775 proyectos de extractivismo que se tenía registrados al corte de 2021, hay un aumento de 47 % , es decir, en tres años se registraron 364 proyectos adicionales.
Recalca que 853 proyectos presentan al menos una afectación, y de ellos 614 son sociales, 607 ambientales y 52 representaron desplazamiento forzado.
Los proyectos están clasificados en siete categorías: mineros, hídricos, energéticos, agroindustrial, mega infraestructura y vías de comunicación, hiperurbanización y biocomercantilización.
Ern la actualidad, el despojo por extractivismo no se limita a las actividades consideradas como la minería y los hidrocarburos, sino que comprende, asimismo, los agronegocios, las energías renovables y la construcción de grandes proyectos de infraestructura, turísticos y de comunicaciones.
Los integrantes de OCSA) detectaron cuatro mecanismos operativos para el despojo territorial: legales, institucionales, socioeconómicos y coercitivos. La categoría con mayor incidencia es el extractivismo agroindustrial —que incluye monocultivos, industrias animales, explotación forestal y aprovechamiento de recursos bióticos—, con el 26.9% de los eventos registrados.
Le sigue el extractivismo minero, con el 21.2%, y el extractivismo energético, con el 19.2%. Con el 11.5% cada uno, se ubican el extractivismo hídrico, la hiperurbanización y los proyectos de megainfraestructura y vías de comunicación; en menor proporción, aparece la biomercantilización, con el 5.8%.
MAQUINARIA DE DESPOJO
El OCSA concluye que el despojo no ocurre por errores aislados, sino mediante el uso sistemático de marcos legales, concesiones y mecanismos coercitivos con apariencia de legalidad.
Ante la imposición de los proyectos extractivos, los pueblos y las comunidades se organizan para defender sus territorios, su derecho a gozar de un ambiente sano y decidir su futuro.
Sin embargo, se enfrentan a situaciones de gran asimetría de poder, que los colocan en condiciones de desventaja frente a las grandes empresas.
El rechazo a los proyectos, se califica como oposición al “desarrollo y al progreso”; más aún, las personas que defienden su territorio a menudo son criminalizadas, estigmatizadas, e incluso privadas de la vida.
De acuerdo con la organización Global Witness, 31 personas defensoras ambientales fueron asesinadas en México en 2022.
En México, el extractivismo actúa de forma dinámica: a veces llega con sellos, firmas, números de expediente, aprobación, o con pleno respaldo de las autoridades; a veces, más bien, llega como agresión armada, amenazas, o imposición deliberada e inevitable; todas las veces, sin embargo, irrumpe vidas, territorios, procesos locales y comunitarios.
Cuando las personas y las comunidades realizan asambleas, amparos, bloqueos o denuncias públicas para expresar su oposición, la respuesta suele llegar también con uniformes, órdenes de aprehensión, desapariciones o asesinatos por los que nadie responde.
“El despojo extractivista en México, entonces, no es la suma de accidentes, errores u omisiones de operación, sino, más bien, es parte de un sistema global hegemónico que actúa con objetivos claros y mecanismos identificables”, advierte